Una vez más, México es último lugar en la prueba PISA que se aplica a estudiantes de secundaria entre los 34 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se entiende que una reforma educativa con dos años de aplicación no pueda revertir décadas de atraso; sin embargo, cabe preguntarse si ahora que el tema ha dejado de estar bajo los reflectores, sigue siendo una prioridad nacional sacar al país del subdesarrollo educativo.

Gabriela Ramos, directora de gabinete de la OCDE, presentó ayer desde París los resultados de la prueba PISA 2015. Durante la comunicación, Ramos dijo que el desempeño de México “siempre fue decepcionante” y continúa de la misma forma.

La proporción de estudiantes mexicanos que no lograron el nivel más básico de competencias en Ciencias fue de 48%; en Lectura, 42% de los jóvenes no logran lo mínimo y en Matemáticas 57% de los estudiantes están también en el sótano.

Esta valoración significa que aproximadamente la mitad de los alumnos mexicanos no tiene las más elementales capacidades para desempeñarse en la sociedad contemporánea del conocimiento. Es decir, de mantener su nivel no tendrá posibilidades profesionales en el mundo global de hoy.

Ramos mencionó que es imposible para la prueba PISA medir el impacto de la reforma educativa, pues ésta se verá reflejada en la generación que comenzó sus estudios en el año 2012.

Lo que pueden hacer hoy quienes están involucrados en la implementación del cambio, es verificar si el sistema —ahora sí— se está enfocando en el mérito.

¿Se dejaron atrás la corrupción en la asignación de plazas y la creencia de que era “obligación” del gobierno otorgarlas a todo egresado de una normal? ¿Se premia el esfuerzo de los alumnos destacados, empezando por identificar a los sobresalientes? ¿Se han quitado trabas burocráticas a la asignación de recursos para autoridades educativas locales?

El gran reto educativo del siglo XX mexicano fue llevar escuelas a todos los rincones del país. Pero la calidad nunca llegó, pues los maestros fueron instrumento político de la clase gobernante y de un sindicato beneficiado por ese esquema.

Llegada la parte final de este sexenio, será muy tentador para grupos políticos usar de nuevo a los maestros. Autoridades podrían posponer —o cancelar— transformaciones a cambio de favores; partidos y gobiernos locales quizá se inclinen por ofrecer de nuevo posiciones educativas como moneda electoral.

Lo más difícil de reformar la educación no estuvo en la promulgación de un nuevo artículo constitucional. La implementación apenas comienza.

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