Nuestros datos ¿a la deriva?

Editorial EL UNIVERSAL

Se ha vuelto común recibir llamadas en el teléfono —de casa o en el personal— de empresas que buscan vender cualquier producto sin que la persona contactada haya dado la autorización para ello. ¿De qué manera obtuvieron el número telefónico? Muy probablemente no fue de una manera transparente, sino a través del tráfico de datos. La situación puede ser incluso más preocupante si la información involucrada es el nombre y el domicilio.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2016, a 84% de la población en el país le preocupa el mal uso que se pueda hacer de los datos personales que entregó a instituciones públicas o a empresas privadas.

La inquietud, lamentablemente, tiene bases. ¿Cómo confiar en el buen uso de nuestros datos cuando en abril de este año supimos que el padrón electoral estaba alojado en un sitio de almacenamiento de datos de amazon.com y un mes después se dio una nueva filtración, ahora del padrón electoral de Sinaloa? Pero no son los únicos casos: a finales de noviembre “tocó el turno” a la lista nominal de electores de Baja California, que estaba alojada en un portal de internet. Si el acceso al padrón electoral es solo mediante un estricto control ¿qué puede esperar el ciudadano de los datos que ha entregado a escuelas, bancos, compañías telefónicas u oficinas públicas?

La encuesta registró que 1.4% de la población presentó una queja por el uso indebido de sus datos personales. La cifra podría ser mayor si la población en general supiera cómo y ante qué instancia interponer una queja por el mal uso de ellos.

La mitad de los encuestados conoce que existe una institución encargada de la protección de datos y sólo a 65% de la población le dieron a conocer y leyó un aviso de privacidad —en el que le informan el tratamiento que le darán a los datos personales recabados y los medios por los cuales puede ejercer su derecho a protegerlos. Este último indicador es preocupante, pues, en principio, señala que una tercera parte de las instancias públicas y privadas está incumpliendo la ley al evadir el compromiso de dar aviso de la privacidad.

Cierto que en la época tecnológica actual millones de datos están disponibles en internet, muchos de ellos sólo consultan amigos o familiares. Sin embargo la situación se torna diferente si la información que entregamos a instancias públicas o privadas es utilizada con fines distintos para los que fue proporcionada.

La encuesta sólo confirma lo que era un secreto a voces: la desconfianza en quienes manejan nuestros datos. Toca al Inai —instituto para la protección de datos— guiar a la sociedad en este proceso de aprendizaje que aún se requiere para ejercer la ley. El diagnóstico debe ser útil para diseñar políticas públicas, así como campañas de difusión para hacer valer este derecho que apenas conoce la mitad de la población.

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