Seguridad vs. privacidad, falso dilema

En días recientes ha vuelto al debate público mundial el tema de si debe darse o no a los gobiernos la concesión, por parte de empresas y ciudadanos, del derecho a la privacidad en la red, lo que permitiría el conocimiento y uso de información de las comunicaciones de los ciudadanos por parte de los Estados para , afirman éstos, coadyuvar en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo y para garantizar la seguridad pública.

El asunto vuelve a los reflectores luego de que Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, se negara a cumplir la petición del FBI de desarrollar un nuevo software que permita desencriptar el iPhone que utilizó Syed Farook, responsable de la masacre en San Bernardino en diciembre pasado.

En esta discusión se identifican básicamente dos posturas: por un lado están los gobiernos, quienes alegan que requieren de la información que hay en las redes y teléfonos de ciertas personas para poder frustrar actos criminales, conspiraciones terroristas o para recabar pruebas contra sospechosos de terrorismo. Del lado contrario se encuentran empresas de internet y telefonía, y múltiples grupos de activistas ciudadanos, quienes defienden la importancia de salvaguardar, por encima de todo, el derecho fundamental a la privacidad de millones de ciudadanos en todo el mundo.

El enfrentamiento entre Apple y el FBI se da en medio de otros casos semejantes, como las detenciones de altos ejecutivos de Facebook en Brasil por negarse a facilitar los datos de un usuario de WhatsApp acusado de narcotráfico, o el inicio de investigaciones contra Facebook en Alemania por la recopilación de datos personales de sus usuarios a gran escala. Por ello será trascendental el resultado de esta disputa, ya que sentará un precedente legal que pudiera dar pie a una cada vez mayor injerencia de los gobiernos en las comunicaciones de sus ciudadanos.

En este sentido, se vislumbra una larga y difícil batalla con implicaciones internacionales en la que estará en juego no la seguridad, como argumentan los gobiernos, sino el derecho humano a la confidencialidad. Porque el riesgo real está, como advierten quienes defienden la encriptación de datos, en crear una llave maestra que se convierta en la “herramienta perfecta” para espiar a todos a través de las nuevas tecnologías con tan sólo un click. Precedentes de ello hay de sobra. Basta recordar las revelaciones del ex analista Edward Snowden, sobre el espionaje masivo emprendido por la Agencia de Seguridad Nacional.

Por eso es justificado el recelo de las firmas de tecnología y de los usuarios a que se implementen este tipo de políticas invasivas que, por otra parte, tarde o temprano se revertiría contra los propios gobiernos. Además, visto en perspectiva, contraponer privacidad y seguridad es un falso dilema.