La Plataforma Nacional de Transparencia y el 4 de mayo.

Uno de los objetivos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) es “establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente”. Lo anterior, se cumple parcialmente con la enunciación de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados que básicamente consisten en poner a disposición de los particulares la información relacionada con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social en su portal de internet y en la Plataforma Nacional, así como su actualización trimestralmente.

La Ley consignó obligaciones comunes y específicas, dependiendo de la naturaleza y función del sujeto obligado, señalando con precisión que la información publicada debe ser veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable.

Para tal efecto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales aprobó los lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia a la que se incorporaron los sujetos obligados el año pasado.

Adicionalmente se emitieron el 4 de mayo de 2016 los “Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título V y en la fracción IV del artículo 31 de la LGTAIP, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia”. Estos contienen la forma, términos y plazos en que deberán cumplir las más 380 obligaciones de transparencia, así como los formatos correspondientes. No sobra decir que este documento contiene más de 97 cuartillas.

Dicha plataforma electrónica está abierta para que los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno (en el federal son 882), incorporen la información, en principio, antes del 4 de noviembre del año pasado, pero por un acuerdo posterior, esta fecha se difirió para la semana entrante, es decir, el 4 de mayo.

La información que debe difundirse en la plataforma es aquella generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados a partir de mayo del 2015. Dos años de información conforme al nuevo paradigma de la transparencia que se liberarán para la consulta de los particulares en ocho días. Seguramente hay avances en el cumplimiento de esta obligación, pero lo totalmente cierto es que poquísimos o ninguno de los sujetos obligados cumplirá al 100 por ciento. Esto se debe a la complejidad de la información, al volumen de la misma y a que hay procesos de homologación de su presentación todavía inconclusos.

El resultado debe ser que el portal de cada sujeto obligado permanezca como lo exigía la Ley derogada con la información anterior a mayo del 2015 y la posterior se mantenga actualizada en el portal y la plataforma como si fueran espejos. No debe haber diferencias entre ambos medios de difusión.

Los formatos son extensos, con criterios estrictos y enfocados a las características de la información que generan las dependencias de la Administración Pública Federal, que son 19 y representan menos del 3 % de los sujetos obligados a nivel federal. Hay que darse una vuelta para ver lo que opinan de los formatos en las entidades federativas y los municipios.

El 4 de mayo jurídicamente se abre la posibilidad de que cualquier persona denuncie la falta de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, cuya consecuencia última es ordenar medidas de apremio o, en su caso, sancionar al servidor público responsable de difundir y mantener actualizada la información. Esta denuncia es independiente de las facultades de verificación de cumplimiento de este tipo de obligaciones que se confirieron a los órganos garantes.

La Plataforma y la incorporación de información a la misma es un paso enorme en ordenar la acción pública y difundirla. Sin embargo, la funcionalidad total seguramente no se logrará en un año a partir de la promulgación de la LGTAIP. Esto conlleva más tiempo y esfuerzos organizacionales de gran calado. El compromiso con la transparencia existe, faltan recursos y más creatividad para poner en un solo repositorio la diversidad de información pública de la Federación, las entidades federativas y los municipios. El 4 de mayo está a menos de una semana.

Profesor de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte

cmatutegonzalez@yahoo.com.mx