Retiran las duras medidas neoliberales de Lenín Moreno en Ecuador

18/10/2019
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Gabriel Moyssen
Retiran las duras medidas neoliberales de Lenín Moreno en Ecuador
Gente celebrando en la calle después de que el gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acordara eliminar el decreto que suspendía el subsidio a los combustibles en Quito, Ecuador – Foto: Carlos García/REUTERS

Retiran las duras medidas neoliberales de Lenín Moreno en Ecuador

18/10/2019
18:05
Gabriel Moyssen
Ciudad de México
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Los movimientos populares e indígenas de Ecuador lograron una victoria luego de que el gobierno del presidente Lenín Moreno retirara el programa de austeridad que involucraba un préstamo del FMI y el incremento a los combustibles

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Los movimientos populares e indígenas de Ecuador lograron una victoria sobre las medidas económicas neoliberales, luego de que el gobierno del presidente Lenín Moreno retiró el draconiano programa de austeridad revelado el 1 de octubre que involucraba un préstamo de USD $4.2 mil millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), así como un agudo incremento en el precio del combustible.

Pese a la represión lanzada contra la movilización masiva, una huelga y choques en las calles que dejaron al menos 7 muertos, 550 heridos y 1,000 arrestados, obligando a Moreno a cambiar su gobierno de Quito en los Andes a la ciudad costera de Guayaquil, la negociación de la noche del domingo, moderada por Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, arrojó la cancelación del programa y un acuerdo para crear una comisión que preparará nuevas medidas para enfrentar el déficit.

Líderes indígenas suspendieron las protestas y Moreno firmó un decreto el lunes que anula oficialmente la eliminación de los subsidios del combustible, lo que propició que el precio de la gasolina y del diésel se duplicara bruscamente, desatando el alza de los productos básicos.

Sin embargo, apenas horas después de que miles celebraran en el parque El Arbolito del centro de Quito el retiro del controvertido Decreto 883, Paola Pabón, prefecta (gobernadora) de la provincia de Pichincha -su capital es Quito- fue detenida por cargos de rebelión mientras dormía en su casa.

Pabón es integrante del partido opositor de izquierda Movimiento Revolución Ciudadana (MRC), cercano a Rafael Correa, predecesor de Moreno en el Palacio de Carondelet y hoy autoexiliado en Bruselas.

La embajada mexicana en Quito ha ofrecido asilo y protección a seis personas, incluyendo legisladores de la Asamblea Nacional y sus esposas, reportó el lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La legación brindó refugio el sábado a la asambleísta Gabriela Rivadeneira, también militante del MRC, acusada por Moreno de promover un golpe con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

El martes, la SRE envió una nota diplomática de protesta a la cancillería ecuatoriana, debido a la frase “AMLO terrorista” pintada en el muro de la embajada en alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador. Al día siguiente, simpatizantes de Moreno se manifestaron frente a la sede contra el asilo otorgado a los legisladores.

La represión del Estado sobre el MRC está detrás de la cautela mostrada en las negociaciones por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que desplegó en Quito más de 20,000 activistas durante la crisis e indicó que la base de su propuesta en la comisión especial será rechazar cualquier medida “que afecte los intereses de los más pobres”.

Opuesto al extractivismo y el neoliberalismo, Jaime Vargas, líder de la confederación, afirmó que los precios de la gasolina y del diésel, así como las tarifas del transporte público, deben regresar al nivel previo al Decreto 883.

“Hemos perdido nuestro miedo, ya no somos aquellos indígenas que dejaban al gobierno humillarnos. El pueblo tiene que expresarse. Hemos liberado un derecho, basta del saqueo del pueblo ecuatoriano”, recalcó Vargas.

Paquete de ajuste
Propuesta por el FMI como parte del acuerdo financiero de USD $4.2 mil millones aprobado en febrero, la medida más severa contemplada fue eliminar USD $1.3 mil millones en subsidios al combustible, creados por la dictadura militar en 1974 y que cuestan al erario cerca de USD $60 mil millones anuales, de acuerdo con la banca internacional.

Un estudio en 2019 del Banco Interamericano de Desarrollo determinó que los mayores beneficiarios de los subsidios son las compañías petroleras y las empresas; sin embargo, cancelarlos disminuiría el ingreso del 40% más pobre de la población en 4.5% a 5%.

Otras acciones anunciadas en Octubre fueron recortes a impuestos y aranceles a ciertas importaciones, una reforma laboral para facilitar la contratación “flexible” y la reducción en 20% del salario y de 30 a 15 días de vacaciones anuales para los trabajadores públicos. Además, se ha despedido a más de 20,000 de ellos desde 2017.

Como mandatario (2007-2017), Correa se concentró en políticas sociales que le dieron gran popularidad; no obstante, su exvicepresidente Moreno heredó una nación afectada por la caída de los precios del petróleo y de otras materias primas al igual que sus vecinos Brasil, Argentina y Venezuela.

Su enfoque conservador hacia los asuntos exteriores llevó a Ecuador a retirarse del bloque regional Unasur con sede en Quito, y permitir a Estados Unidos utilizar la isla de San Cristóbal en las Galápagos como base militar.

Declarada por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad y reserva de la biósfera, San Cristóbal fue visitada por Charles Darwin en 1835. Pese a la proclamación de Ecuador como “territorio de paz” en 2008, los aviones espía de EU utilizan ahora su pista de aterrizaje en el contexto de la guerra comercial y la escalada militar planeada para evitar el ascenso de China como rival económico y geoestratégico en el Pacífico oriental (Beijing ha concedido créditos por USD $6 mil millones al país sudamericano).

Debido a su relevancia a 1,000 kilómetros de Ecuador, Washington buscó establecer bases en las Galápagos desde 1911. Durante la Segunda Guerra Mundial, estacionó 2,500 tropas en la isla de Baltra; en 1999 el Comando Sur instaló una base en Manta (provincia de Manabí) con el pretexto de combatir al narcotráfico hasta su clausura en 2009.

El gobierno de Moreno, sin embargo, es mejor conocido por entregar a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, a quien se otorgó asilo en 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres para escapar de la persecución por exhibir crímenes de guerra y comunicaciones diplomáticas secretas de Estados Unidos. En 2016, Correa cortó el acceso a Internet de Assange; después Moreno intensificó gradualmente el aislamiento del ciberactivista australiano hasta abrir las puertas de la embajada a la policía británica en abril pasado, allanando el camino para su extradición a EU, donde enfrenta cargos de espionaje y conspiración que implican sentencias de 175 años de prisión y potencialmente la pena de muerte.

Ola Bini, un programador sueco y amigo de Assange en Ecuador, también resultó arrestado en abril por supuestos vínculos con WikiLeaks. Trabajó para el Centro de Autonomía Digital ecuatoriano español sobre privacidad, seguridad y criptografía, y el Departamento de Justicia de EU señaló que sería interrogado por su personal.

La detención de Bini se ha relacionado al escándalo de los “Papeles de INA” en marzo, que implicó a Moreno en la trama en que una empresa china pagó USD $18 millones a una firma offshore, que luego los transfirió a compañías fantasma incluyendo INA Investments, propiedad de Edwin Moreno, hermano del presidente.

La historia reciente de Ecuador está marcada por la inestabilidad. En 1997, dos años después de la Guerra del Cenepa entre Quito y Perú por territorio amazónico, el mandatario derechista Abdalá “El Loco” Bucaram fue juzgado por el Congreso para aplacar las protestas por las privatizaciones y la corrupción, lo que lo forzó a huir a Panamá.

En 2005, el presidente Lucio Gutiérrez renunció y solicitó asilo a la embajada brasileña ante manifestaciones por agravios similares, entre ellos el regreso de Bucaram a Ecuador.

Estos días, el sector empresarial conservador de Guayaquil también critica a Moreno por su presunta debilidad en la crisis; en espera del resultado de la negociaciones entre su administración, los grupos indígenas y los sindicatos, observadores adelantan el retorno de la “ola rosa” izquierdista a Latinoamérica, al resaltar la posible victoria del kirchnerista Alberto Fernández en las elecciones presidenciales argentinas del 27 de octubre, junto al debilitamiento de los gobiernos de Jair Bolsonaro en Brasil y de Iván Duque en Colombia.

Editado por Sofía Danis
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