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Feminicidio, tarea urgente sin resolver del nuevo gobierno mexicano
Una serie de feminicidios recientes en la Ciudad de México y otros puntos del país han causado alarma en la sociedad en este inicio de año, en un país donde se cometen diez feminicidios cada día.
Mientras que las autoridades de la capital aún carecen de evidencias para demostrar que existe un patrón de secuestros por parte de bandas del crimen organizado, las denuncias y reportes se presentan casi a diario, como la nota publicada por EL UNIVERSAL el lunes 10 de febrero sobre el feminicidio de la joven Ingrid Escamilla a manos de su esposo, quien la desolló frente a su hijo autista y luego se entregó a la policía, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Mapa del Feminicidio
María Salguero Bañuelos, autora de un mapa del feminicidio que expone la terrible dimensión de este crimen en el país, indicó a la reportera de investigación Aurora Villaseñor el año pasado que entre 400 y 600 niñas fueron registradas como desaparecidas en sólo dos años por el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF).
Salguero, geofísica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), elaboró el mapa con base en reportes periodísticos luego de encontrar patrones sobre las zonas y edad de las desaparecidas; por ejemplo, dijo, “fue estrepitoso el aumento de casos en Guanajuato, en un mes registré 47 feminicidios”.
Su mapa ha sido reconocido por ONU Mujeres y el Senado mexicano; el año pasado la primera organización, junto al Instituto Nacional de las Mujeres, difundió un estudio en el que advierte que las mujeres son asesinadas con más violencia y crueldad que los hombres al menos desde 2016.
El documento también recomendó armonizar los protocolos de acción para las instituciones de impartición de justicia, a fin de combatir la impunidad; mejorar la atención pública y los servicios para las mujeres y niñas víctimas de violencia, además de investigar con perspectiva de género todas las muertes femeninas debido a causas externas.
El homicidio de mujeres en México atrajo la atención internacional durante los años 90, con más de 370 casos registrados en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua.
No obstante, al gobierno le tomó casi 20 años incluir al feminicidio en el Código Penal.
En 2012, el Congreso aprobó penas de cárcel de 40 a 60 años para el homicidio de mujeres por razones de género, e instruyó a los estados a armonizar sus leyes respectivas con la legislación federal.
Cuatro años antes, en un fallo histórico respecto al caso de tres mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por su incapacidad para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal de las mujeres.
La mitad del país
Pese a estos avances, la situación se ha agravado y 18 de las 32 entidades federativas de México, que representan 56% del país, están declaradas formalmente bajo Alerta de Violencia de Género.
De su lado, el Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que un promedio de 9.48 feminicidios se registran a diario.
El Estado de México, Colima, Guerrero, Zacatecas, Chihuahua y Morelos se cuentan entre las entidades más peligrosas para las mujeres en el país, donde 60% de los casos de feminicidio permanecen impunes.
Activistas del ONCF—formado por 43 organismos no gubernamentales que trabajan en 23 estados—afirmaron el año pasado que la protección y garantía de los derechos femeninos no constituye una prioridad para el Estado mexicano.
“Las políticas públicas en este tema se han reducido irresponsablemente al discurso y no a su aplicación real, con un impacto positivo en la vida de las mujeres”, recalcaron.
Claudia Sheinbaum, primera alcaldesa de la Ciudad de México, ha asegurado que erradicar la violencia de género es una prioridad para su administración. Sin embargo, la enorme dimensión de este crimen y la torpe respuesta de las autoridades—el presidente Andrés Manuel López Obrador culpó al "neoliberalismo" por el deterioro de la situación de seguridad—están presionando al gobierno.
Editado por Sofía Danis
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