Magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señalaron que la injerencia del puede ser una causa para anular casillas o hasta una elección; sin embargo, deben reunirse los elementos necesarios para que se acredite dicha acción.

En un encuentro con medios de comunicación, la presidenta del TEPJF, Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes sostuvieron que no se puede ignorar el tema de seguridad de las elecciones.

El magistrado Felipe de la Mata expuso que sí está contemplada la anulación de una elección por violencia generalizada, sin embargo, consideró que no es deseable llegar a este punto.

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"Si llegamos al momento en el cual tenemos una elección con estos elementos, hemos fracasado como organización electoral", subrayó.

"Tienen que tomarse las decisiones necesarias para que de alguna manera esos eventos no sucedan. Para eso, pues tiene que haber una especie de profilaxis, es decir, identificar la posibilidad de que haya en un determinado lugar un evento de este tipo y que se tomen las decisiones que tengan que tomarse", manifestó.

La magistrada presidenta, Mónica Soto, recordó casos como el de Michoacán en el que si bien se anularon algunas casillas, eso no derivó en declarar la nulidad de la elección a nivel estatal.

"El tema de la nulidad de elección sí será un discurso? Yo aseguro que nunca, ni ha sido ni será un discurso. Las garantías de las elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley siempre serán resueltas en esta instancia, como lo han sido, analizando todos y cada uno de, como lo señalé, los agravios, las pruebas, el contexto en el que se dan los casos", expresó.

El magistrado Felipe Fuentes explicó que no sólo de tiene que detectar el factor de violencia política generalizada en una elección, sino acreditar por qué influyó en la jornada electoral.

"No es que detectemos anomalías en ciertos lugares, que haya permisión, se viole la Constitución, pero poquito. No. Lo que sucede es que la propia Constitución nos marca pautas para actuar en caso de nulidades de elección. Nos señala no sólo identifíquese violencia generalizada, sino también cómo influyó esa violencia generalizada en el resultado", sostuvo.

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En tanto, dijo que si bien es innegable la preocupación del tema de la inseguridad, se debe respetar la autonomía constitucional que tiene el Instituto Nacional Electoral.

"No puedo pronunciarme sobre lo que hace o debe hacer el Instituto Nacional Electoral porque seguramente eso será materia de algún litigio que tenga que verse en el Tribunal y, desde luego, no podría adelantar o prejuzgar en este asunto", apuntó.

En otro tema, la magistrada Soto se abstuvo de comentar sobre lo que tiene que hacer el INE en materia de seguridad y consideró que sólo deben pronunciarse en casos concretos.

"Tenemos casos en donde hay una realidad, pero el papel del Tribunal es garantizar, en el caso concreto, cualquier situación anómala que pueda reflejarse en una elección", apuntó.

La magistrada presidenta refrendó a la ciudadanía y a los actores políticos que el Tribunal Electoral no es un actor político, y que no tiene que analizarse con bajo la misma visión que a las candidaturas que compiten en la elección.

"El Tribunal Electoral está, por supuesto, para confrontar, para responder a la crítica, a los cuestionamientos que se deban hacer como institución impartidora de justicia, pero con una visión o de un enfoque que tiene que ser con el tema de cómo, por ejemplo, el INE cómo organiza las elecciones y el Tribunal Electoral cómo resuelve los medios de impugnación", apuntó.

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