En la madrugada del sábado, Donald Trump dio a conocer, la captura y traslado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, a través de una publicación en Truth Social. Horas más tarde, en una conferencia de prensa, el mandatario estadounidense desveló los pormenores de la Operación “Absolute Resolve” (Resolución Absoluta): un despliegue de más de 150 aeronaves y unidades de élite para trasladar al líder chavista hacia el buque USS Iwo Jima.
De acuerdo con el dictamen emitido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, “durante más de 25 años, los líderes de Venezuela han abusado de sus cargos y de la confianza pública”. Nicolás Maduro, su esposa, Cilia Flores, su hijo “Nicolasito”, y otros miembros del gobierno venezolano, como el ministro Diosdado Cabello Rondón, el exministro Ramón Rodríguez Chacín; junto con el “niño guerrero”, líder del Tren de Aragua enfrentan cargos federales por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a gran escala hacia Estados Unidos, así como por posesión y uso de armamento pesado.
En el documento de 25 páginas, después de Venezuela, el segundo país más mencionado, es México, evoca al país y sus gentilicios en 23 ocasiones. De acuerdo con el dictamen, se acusa a Maduro de haber facilitado, durante su gestión como canciller, el uso de pasaportes diplomáticos y aeronaves privadas para mover ganancias del narcotráfico desde México hacia Venezuela. El documento detalla que Maduro coordinaba estas acciones directamente con la embajada venezolana en México, para que los vuelos fueran recibidos como misiones diplomáticas, y así evitar el escrutinio de las autoridades.
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La acusación detalla que México es un punto estratégico de transbordo para “recibir cargamentos de cocaína desde Venezuela (por mar y aire) y después ingresarla a los Estados Unidos”.
En 2024, antes de asumir el cargo como presidente de EU, por segunda ocasión, Trump afirmó que "todos los miembros de pandillas extranjeras serán expulsados” de su país y “designaría inmediatamente a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”.
Luego de la captura a Maduro, Trump ha señalado que aunque los ataques a Caracas “no buscan” ser un mensaje para la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, también ha enfatizado que “algo se tiene que hacer con México”.
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A pesar del panorama, José Joel Peña Llanes, doctor en Derecho Internacional Público por la UNAM, ve poco probable que EU realice una operación similar en suelo mexicano, por la “interdependencia bilateral, la vecindad, el riesgo de escalamiento inmediato, el impacto económico y político doméstico en ambos países, y la capacidad del Estado mexicano para responder diplomática y jurídicamente”, sostiene.
Para otros países latinoamericanos, la captura sienta un precedente, que según José Joel Peña, “eleva la incertidumbre, pues nada frena al gobierno estadounidense de realizar operaciones similares”. Esta inquietud se espera en países como Colombia, el cual sé menciona 15 ocasiones en el dictamen, donde se le acusa de “producción de cocaína”, y que su ejército (ELN) y fuerzas armadas (FARC) mantienen una alianza con Venezuela para “despachar la droga” por pistas clandestinas de su frontera en común.
Otro de los posibles afectados sería Cuba, luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a la nación caribeña como un "desastre gobernado por hombres seniles e incompetentes" y sugiriera, que es momento de que la isla "ponga sus barbas a remojar“.
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¿Fue legal la operación de EU en Venezuela?
“No es legal que Estados Unidos realizara una intervención militar en Venezuela”, asevera José Joel Peña. El especialista explica que desde una perspectiva de orden global, es ilegal realizar operaciones militares en territorios extranjeros sin el consentimiento del Estado afectado y sin la autorización previa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Durante la madrugada, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió el pronunciamiento de su gobierno contra la intervención militar en Venezuela, destacando una “violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, la cual menciona que “los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”.
La operación plantea dudas y preocupaciones sobre el actuar de la primera potencia mundial en territorios extranjeros.
Según el experto, para el uso de la fuerza en territorio de otro Estado, el marco normativo solo contempla dos excepciones, con matices específicos: la autorización del Consejo de Seguridad o la legítima defensa ante un ataque armado real o inminente, “lo cual no ha ocurrido de ninguna manera en este caso”. Además del “principio de no intervención”, que reafirma que ningún Estado puede imponer coercitivamente su voluntad en asuntos esencialmente internos de otro.
Tras la captura de Maduro, el fiscal general de Venezuela, Tarek William, denunció y calificó este hecho como un “secuestro”. Al respecto, Peña Llanes, señala que se trata de una “privación ilegítima de la libertad”, pues la captura de un mandatario en funciones dentro de territorio extranjero, sin cooperación local ni un marco jurídico claro, “difícilmente puede calificarse como legal”. El especialista subraya que la “inmunidad personal protege a cualquier jefe de Estado mientras ejerza el cargo, independientemente de que Washington no reconozca la legitimidad de su mandato”.
Bajo esta lógica, el experto de la UNAM advierte que al ignorar estas protecciones, Washington incurre en una responsabilidad internacional, donde otros países y organismos le exijan “no solo el cese de la intervención, sino garantías de no repetición y la reparación de daños”. Peña Llanes precisa que, más allá de una sentencia en tribunales, el costo inmediato para Estados Unidos será diplomático: “un aislamiento político y una crisis de reputación frente a sus aliados regionales”.
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En cuanto a las repercusiones específicas para Donald Trump y los demás participantes de la "Resolución Absoluta", el escenario es más complejo. Aunque existen mecanismos para juzgar crímenes internacionales, el especialista destaca que activar la responsabilidad penal individual enfrenta “obstáculos casi insuperables”, como la “inmunidad de los cargos vigentes y la dificultad de someter a una potencia a tribunales externos”.
Durante una rueda de prensa este sábado, Trump afirmó que se le ofrecieron a Maduro varias oportunidades para abandonar el poder en Venezuela, pero este se negó. El mandatario sudamericano había sido ampliamente cuestionado por la concentración de poder, acusaciones de fraudes en las últimas elecciones presidenciales y un panorama económico que ha provocado la migración de millones de venezolanos en años recientes.
El vacío legal interno
El secretario de Estado del país americano, Marco Rubio, aseguró que el Congreso fue notificado “inmediatamente después” de iniciar el operativo. Al respecto, Trump añadió que se tomó esa decisión para “evitar filtraciones”, que pusieran en riesgo la misión. Peña Llanes, menciona que los mandatarios estadounidenses “suelen invocar facultades ejecutivas para misiones urgentes”, bajo la “War Powers Resolution”.
Esta ley permite iniciar acciones militares sin permiso previo, siempre que se notifique al Congreso en un plazo de 48 horas. "No avisar antes no es automáticamente ilegal bajo sus leyes internas, pero sí es altamente controvertido", precisa el académico. No obstante, Peña Llanes advierte que aunque Trump logre justificar el operativo ante sus propios legisladores, no valida la operación ante el derecho internacional, pues ninguna norma doméstica está por encima de la soberanía de otra nación.
Peña Llanes, añade que otro de los argumentos a nivel interno bajo los que puede ampararse el mandatario es el Artículo II de la Constitución americana, que le otorga el rol como comandante en jefe de las fuerzas armadas. Bajo esto, “puede argumentar que está protegiendo a personal de su país e intereses de seguridad nacional”, explica Llanes.
Estados Unidos se "hará cargo de ocupar" el vacío de poder que deja Maduro
Mientras sectores de la ciudadanía venezolana celebran el fin de una dictadura, las recientes declaraciones de Donald Trump, generan incertidumbre. Luego de que el mandatario puntualizara que su administración se “hará cargo de ocupar” el vacío del poder dejado por Maduro. Peña Llanes, advierte que, si bien puede existir un sentimiento inicial de alivio, “el impacto humano de una administración externa suele ser severo y contradictorio”.
“La historia ha demostrado que cuando una transición se percibe como impuesta, la legitimidad se erosiona y la gobernabilidad se vuelve frágil”, puntualiza el académico, citando los precedentes de Afganistán, Iraq, Libia y Siria. Entre los principales riesgos recalca un vacío de autoridad legítima, fractura de cadenas de mando, violencia de actores armados, represalias, deterioro de servicios esenciales; resistencia interna y aumento de la polarización extrema. “El principal afectado, sería al pueblo venezolano”.
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