El accidente en Puebla y nuestra proclividad a sabotearnos

Rafael Moreno Valle tenía por costumbre pasar la Noche Buena con sus padres en la residencia familiar de las Lomas de Chapultepec. Para cumplir su cita anual había despegado a las dos treinta de la tarde del lunes del helipuerto “El Triángulo de las Ánimas” en Puebla, acompañado de su esposa Martha Erika Alonso, gobernadora del estado desde hacía catorce días. El plan de vuelo marcaba como punto de arribo el helipuerto “Capital” en el edificio de una estación radiofónica ubicada en la alcaldía de Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, cerca de la casa paterna.

Pero diez minutos después del despegue, a tres millas náuticas del aeropuerto Hermanos Serdán, el helicóptero Augusta A-109S Grand, matrícula XA-BON, con certificado de aeronavegabilidad vigente, se precipitó a tierra. Cayó de cabeza. La nariz perforó el terreno a una profundidad de casi dos metros. Los peritos comentaban en el terreno de la investigación que eso sugiere un desplome en picada y a alta velocidad.

A primera hora de ayer, un helicóptero de la Marina despegó de su sede en la CDMX hacia el municipio de Santa María Coronango, cerca de Huejotzingo, sitio donde el Augusta accidentado, propiedad de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, ya era sometido a peritajes aeronáuticos. De él descendió el almirante secretario José Rafael Ojeda Durán para supervisar personalmente al grupo de especialistas de la Armada que determinó no haber encontrado restos de explosivos o de sustancias ajenas al combustible del helicóptero.

Para entonces se había concluido la identificación forense de la gobernadora Alonso, de su esposo el senador y exgobernador Moreno Valle, de su asistente Héctor Baltazar Mendoza y de los pilotos Marco Antonio Tavera Romero y Roberto Coppe Obregón. También se había rescatado la unidad de adquisición de datos (la caja negra) que debe traer grabados, segundo a segundo, todos los parámetros del trágico vuelo.

Las reacciones vertidas con una ligereza alarmante sobre esta trágica muerte de dos personajes relevantes de un partido político (cuya crisis poselectoral se agrava al perder a uno de sus más visibles precandidatos presidenciales para 2024), muestra lo dividido y confrontado que está el país desde hace ya varios años, pero con más virulencia, desde el tsunami electoral de AMLO, las decisiones tomadas por un Congreso en el que logró la mayoría y los cambios propuestos en los 26 días que lleva al frente del gobierno.

Cabe, de entrada y por supuesto, cualquier línea de investigación. Ya se irán descartando. Lo que no cabe es presumir, sin sustento racional alguno, que el largo y virulento litigio entre el PAN y Morena, que antecedió los resultados electorales en Puebla, es la razón de un atentado para aniquilar a un adversario político. Eso, por desgracia, es lo que sugiere el panismo que acompañó a Alonso y a Moreno Valle en sus exequias, al exigir justicia (¿ya se determinó que fue homicidio?) y/o una investigación independiente (¿que no lo fueron las que tocó hacer a los gobiernos panistas en los accidentes que cobraron la vida de funcionarios como Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad de Fox, o Juan Camilo Mouriño y José Francisco Blake Mora, secretarios de Gobernación de Calderón?).

Las teorías conspirativas a las que, ya se ve, también son muy proclives los grupos de derecha y ultraderecha, asumen con el mismo énfasis que el imaginario popular les imprime, que toda investigación pericial emprendida en el país sirve para un carajo y pretende el único objetivo de encubrir.

Y ahí no solamente empezamos mal, sino que reflejamos un profundo desconocimiento de reglas y protocolos. Por normativa internacional, por ejemplo, la investigación de un accidente aéreo la emprende el ente especializado del país en el que ocurre, en este caso la DGAC; el país constructor del aparato siniestrado, en este caso Italia, de donde es la marca Augusta; y el fabricante de las turbinas, en este caso Canadá, sede de la compañía aeroespacial Pratt & Whitney.

México normalmente ha recurrido al Buró Nacional de Transporte y Seguridad Aérea de EUA (NTSB), que en este caso se excusó por los conflictos que en este momento enfrenta el vecino país en cuanto a la operación de su gobierno.

Por otra parte, la invitación al FBI y a otras agencias de investigación criminal sugerida por el gobierno federal, es de momento improcedente e innecesaria. La investigación de los accidentes aéreos, por norma internacional, se hace con dos objetivos centrales: conocer la causa de la falla y evitar, así, que un accidente similar vuelva a repetirse. Si la causa del fallo lleva algún tipo de implicación criminal, es entonces que entran en acción las agencias del país donde ocurrieron los hechos y eventualmente se solicita la cooperación internacional de otras. Empezar por criminalizar el hecho es el principio de la manipulación del resultado.

De manera que videos como el que circula en redes del derribamiento de una aeronave ocurrido en Ucrania en 2014, pero compartido aquí como el del accidente de la pareja que gobernó Puebla durante los últimos años, no son más que estupideces.