La Guardia de la que nadie habla

Manuel Vélez

Desde que inició la nueva administración federal y se publicó el Plan Nacional de Paz y Seguridad, las discusiones sobre la Guardia Nacional (GN) no han cesado. Tanto detractores como promotores han saturado la opinión pública alegando sus bondades o criticando su existencia como la continuación de las políticas de seguridad previas. Lo que se ha abordado hasta el momento se refiere al tipo de mando, las legislaciones secundarias, estructura orgánica, entre otros temas. En contraste, poco se ha dicho sobre la Guardia Financiera (GF).

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) aprobada por el Congreso de la Unión hace unas semanas, esta organización estaría adscrita a la GN y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En términos técnicos, la GF sería una Unidad Policial Especializada en la investigación de Lavado de Dinero. Hasta el momento, se desconocen sus atribuciones legales y cómo interactuará con las demás instancias involucradas en la prevención y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ambas parte de la Fiscalía General de la República.

A pesar del nombre, esta unidad no es una novedad en lo absoluto y esto seguramente lo saben quienes la propusieron. La Policía Federal (PF) cuenta con una unidad anti lavado que de acuerdo con la evaluación del Fondo Monetario Internacional de 2017 está adscrita a la unidad anti drogas y asiste al Ministerio Público de la Federación en la investigación de casos cuando esta última lo solicita. Esta unidad se encarga de analizar los flujos de recursos de procedencia ilícita derivados del financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada por lo que su papel es de un corte más reactivo que preventivo. Su existencia responde al riesgo que supone la operación de organizaciones criminales en el territorio.

Como ocurrirá con la Guardia Nacional, lo más probable es que esta unidad utilice los recursos humanos e infraestructura tecnológica que ya se encontraban en la PF. Mientras tanto, se definirán sus atribuciones en la legislación secundaria o en su defecto, hasta la publicación del reglamento de la GN, sabremos el papel específico que desempeñará y qué protocolos seguirá una vez que recabe evidencia suficiente para iniciar una investigación de lavado de dinero y de los delitos predicados.

Considerando que la GF estará alojada en un cuerpo de seguridad federal con amplias facultades, el tipo de unidad de inteligencia al que se aproximará seguramente será el de law-enforcement financial intelligence unit conforme a las tipologías del grupo Egmont, integrado por 159 unidades de inteligencia financiera alrededor del mundo. Sus labores se concentrarán en los flujos financieros ligados a actividades del crimen organizado en el intento perpetuo, y no siempre exitoso, de concentrar los esfuerzos en el poder económico y financiero de estos grupos.

Pareciera entonces que la creación de la GF es una estrategia de rediseño de identidad de una estructura existente y poco visible dentro del sistema financiero y de seguridad que probablemente exacerbe problemas de coordinación que existen desde sexenios anteriores. Sin embargo, lo que llama a la reflexión es cómo esta unidad policial coexistirá con la UIF, UAF, y la UEIORPIFAM, así como quién asumirá el liderazgo de la estrategia de combate al uso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y finanzas de la delincuencia organizada delineada en la ENSP y qué nivel de prioridad tendrá al interior de la GN.

La ENSP manifiesta con claridad que la UIF llevará la batuta de esta estrategia al coordinar las líneas de acción más importantes. Hasta la fecha, y a diferencia de otras administraciones, el titular de esta institución ha asumido un papel significativo durante los primeros meses de gobierno tras aparecer en múltiples conferencias de prensa y anunciar a través de comunicados oficiales y en redes sociales cuando la UIF ha presentado información a la FGR para que actúe. Y aquí radican los problemas de coordinación y confianza: en la medida en que la FGR, no pueda o quiera actuar con la información proporcionada por la UIF, tendremos los mismos escasos resultados que en sexenios anteriores, con la diferencia que ahora la UIF será más visible para los ciudadanos que, con razón, pidan rendición de cuentas.

Por último, un factor notorio es que el apartado de la ENSP acerca de la GN no contempla a la GF ni precisa que la formación académica y práctica de sus integrantes incluirá elementos propios del régimen anti lavado. Recordemos que el lavado de activos es un fenómeno complejo desde el punto de vista jurídico y criminológico por lo que requiere perfiles específicos y altamente capacitados.

Hasta el momento no queda claro de qué forma se diferencia la nueva Guardia Financiera de la unidad anti lavado de PF. ¿Cuál es la garantía de que en lo operativo la primera funcionará mejor que la última y que logrará sobrepasar los problemas de coordinación que el régimen anti lavado ha tenido en México? En términos estratégicos, son equivalentes.

**Agradezco los comentarios y sugerencias de Cecilia Farfán Méndez.