En la iniciativa privada y en el Gabinete hay un consenso respecto a cómo proponer ideas que convenzan al Presidente, quien confirma la máxima de que en el país no se mueve una hoja sin que él lo sepa y lo apruebe. La conclusión que he escuchado tanto de empresarios como de funcionarios es que simplemente no hay forma. Andrés Manuel López Obrador se mueve –y mueve al país– al ritmo de sus pulsaciones: toma decisiones al vapor, dependiendo del humor en el que esté, y sin analizar a detalle sus consecuencias.

Lo mismo en energía que en medicinas o infraestructura. El Presidente cancela proyectos a mano alzada, como el Metrobús de la Laguna, y anuncia a diestra y siniestra proyectos casi imposibles como la creación de una empresa estatal de telecomunicaciones en tiempo récord (prometió que estaría lista en 2020), con ayuda del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg.
 
Cuando decidió cancelar el aeropuerto de Texcoco, lo hizo después de que le mostraron los nombres del registro público de la propiedad de los terrenos adyacentes a la obra, en un radio de tres kilómetros. La mayoría estaban ligados a políticos del Grupo Toluca y a Antorcha Campesina. Su reacción, según una persona del gabinete que estuvo presente, fue visceral: “cancelen la obra, cueste lo cueste”. En esa reunión se habían prospectado los costos financieros y reputacionales que dicha decisión tendría para el país. No hubo vuelta atrás y semanas después la decisión se ‘legitimó’ mediante una consulta popular.
 
La ‘cachetada’ del aeropuerto, que tenía que ver más con la corrupción de políticos del “viejo régimen”, terminó cobrando la factura más grande a los contratistas del proyecto: empresarios mexicanos de todos los tamaños, desde Carlos Slim, Carlos Hank y Olegario Vázquez Aldir, hasta pequeños proveedores de servicios y material de construcción. No corrieron la misma suerte los inversionistas internacionales, a quienes se les pagaron con súper rendimientos los bonos de deuda que compraron.
 
El Presidente cree que tiene a los empresarios comiendo de su mano por la inmensa cantidad de llamadas que recibe todos los días Alfonso Romo, su enlace con la iniciativa privada, para coordinar una cita. Pero no es así: los inversionistas más bien están preocupados por los cambios de dirección en las políticas públicas y los mensajes encontrados del titular del Ejecutivo y parte de su gabinete. Lo que quieren los hombres y mujeres de negocios son certezas, y por eso ‘imploran’ que se les dé audiencia.
 
Cuando finalmente el titular del Ejecutivo accede a recibirlos en Palacio Nacional, la solicitud es que lo que le vayan a presentar sea didáctico, sencillo de entender y que tenga “dimensión social”. Eso recomiendan los asesores del Presidente a los empresarios.
 
El jueves pasado, mientras se anunciaba un compromiso de inversión de 32 mil millones de dólares por parte de los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, la Comisión Nacional de Hidrocarburos declaraba la cancelación de las próximas licitaciones para la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, a solicitud de la Secretaría de Energía. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, se dijo sorprendido de la nueva ‘cachetada’ del gobierno.
 
El término de las ‘cachetaditas’ lo acuñó Alfonso Romo cuando se refirió a la caída del PIB en el primer trimestre de año. “Fue una cachetadita”, dijo, sólo para ser contravenido, horas después, por el Presidente, cuyos datos indican que la economía va ‘requetebién’.
 
Pero lo cierto es que Romo, al igual que otros integrantes del gabinete, está llegando a su límite. Hace unos días, se plantó en la oficina del titular del Ejecutivo con mensaje: o se deja a la Oficina de la Presidencia fuera de los recortes presupuestales o se condena a este departamento a la inoperatividad.

La audiencia, según confirmaron fuentes de alto nivel, la exigió el propio Romo, a quien la Secretaría de Hacienda solicitó en las últimas semanas el recorte de 70 personas.
La preocupación con la que el empresario regiomontano planteó el escenario a su actual jefe debió haber sido el motivo por el que AMLO accedió a la petición de respetar su estructura de trabajo y por lo que, de paso, garantizó que su único contacto con la iniciativa privada se mantuviera dentro del proyecto, por lo menos algunos meses más.
Son muchos ya los colaboradores del jefe de la Oficina de la Presidencia los que confirman que por la cabeza del funcionario, a diferencia de lo que declara a los medios de comunicación, se hace cada vez más fuerte la idea de una eventual renuncia.
 
La permanencia en el gabinete del jefe de la Oficina de Presidencia estaría pendiendo una vez más de un muy delgado hilo, una hebra que sostienen los empresarios que no desean perder su único y último vínculo con la Cuarta Transformación.   
 
Empresas vs. ciberataques

México es el tercer país que sufre más ataques provenientes del ciberespacio, de acuerdo con la firma de seguros Lockton México, por lo que empresas especializadas en proteger a corporativos de sectores financieros, comunicaciones y de salud han encontrado un nicho de negocio importante.
 
Una de ellas es Silent 4 Business, empresa mexicana fundada y dirigida por Layla Delgadillo, que se ha convertido en punta de lanza de su sector al desarrollar soluciones inhouse para prevenir cualquier acceso no autorizado a bases de datos empresariales o robo de los mismos. Cada ataque que tiene éxito representa una pérdida de hasta 5 millones de dólares para la compañía u organismo hackeado.
 
La firma lanzó una convocatoria para la primera edición del “Innovation 4 Security - Cybersecurity Challenge 2019”, en el que se podrán presentar iniciativas de monitoreo y detección de anomalías de seguridad, sistemas de control industrial, análisis forense digital, malware y amenazas, así como respuesta a incidentes y caza de amenazas, sin dejar de lado las pruebas de penetración.  
 
@MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com

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