Estancias infantiles, sí… oídos sordos, no

Lía Limón García

El presidente está desperdiciando a un ejército de mujeres talentosas dispuestas a ser sus mejores aliadas en el cuidado y la educación infantil, por escuchar a alguien con una cuestionada trayectoria pública

El gobierno federal, desde que decidió desaparecer el Programa de Estancias Infantiles ha repetido que en él y en las estancias hay corrupción, que éstas son irregulares y que no comprueban gastos ni cumplen con las condiciones de seguridad. Las cifras que han dado se contradicen, primero dijeron que había deficiencias en 300 estancias y falta de comprobación de subsidios en el 7% y unos días después, la Subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, dijo que son 6,966 las que operan de manera irregular y 62.8% las que no cumple con los requisitos. Estos datos son contradictorios, confusos y falsos. Hasta el momento, no se ha presentado una sola prueba de cuáles son las estancias que incumplen, qué irregularidades tienen, en qué aspectos generan un riesgo para los niños y cuándo y cómo fueron evaluadas por los nuevos funcionarios. La actual administración descalifica desprestigia y destruye y no averigua.

Con estas acusaciones y esta decisión, el gobierno está abandonando a 330,000 niños y afectando, además de a las madres, a 50,000 mujeres que han dedicado años de su vida a la educación y cuidado infantil, 9,565 responsables de estancias y 40 mil asistentes, que no son funcionarias ni intermediarias, son miembros de su comunidad que han puesto todo su prestigio, su esfuerzo, sus capacidades y su corazón para formar y educar a más de dos millones de niños que han pasado por ahí a lo largo de 12 años de existencia del programa.

 

En sus inicios, a las responsables se les daba un apoyo de $35,000 para con ello pagar parcialmente las adecuaciones y el equipamiento de lo que se convertiría en la estancia (después aumentó a $70,000). No sólo esas no son cantidades que permitieran su enriquecimiento, sino que muchas de ellas se endeudaban para poder arrancar su nuevo proyecto de vida y dedicarse a lo que les apasionaba, el cuidado y la enseñanza de los niños. El monto de las becas por niño que aportaba el gobierno hasta diciembre pasado era de 950 pesos. Difícilmente con esa cantidad y lo que pagaban las madres trabajadoras, las responsables podrían hacer una fortuna. Las estancias no son un gran negocio, son más bien un proyecto que les permite tener una vida digna y ejercer su vocación. Hay que dimensionar: reciben menos de la tercera parte de lo que el Estado les da a las guarderías del IMSS por niño y muchísimo menos de los 500 millones de pesos que la SEP etiquetó este año para 70 centros comunitarios del Partido del Trabajo que no rinden cuentas a nadie y no cuentan con supervisión.

Esas 9,565 responsables que con su trabajo apoyan a otras mujeres, son a las que este gobierno se ha cansado de descalificar llamándoles corruptas y acusándolas de prestanombres, señalando que sus estancias son inseguras y ponen en riesgo a los niños, dañando así su imagen y reputación. El presidente está desperdiciando a un ejército de mujeres talentosas dispuestas a ser sus mejores aliadas en el cuidado y la educación infantil, por escuchar a alguien con una cuestionada trayectoria pública como lo es la subsecretaria Montiel. Por si fuera poco, el presidente, con su decisión de desaparecer este Programa, provocó la renuncia de Clara Torres, una experta en atención y cuidado infantil que lleva 20 años trabajando por esa causa. Privilegió las habilidades de crear clientela electoral de la subsecretaria, frente a la capacidad y la integridad de una mujer comprometida con los niños.

Ante esta renuncia, ante los intentos de beneficiarias y responsables de estancias que en las giras del presidente se han acercado a querer ser escuchadas, ante los pronunciamientos de diversos organismos y organizaciones de sociedad diciendo que desaparecer el programa de estancias viola el interés superior de la niñez y el derecho de las mujeres a conciliar trabajo y familia, el presidente sólo responde despectivamente “ya dije". Por no querer escuchar, el Estado se hace a un lado en sus obligaciones y desprecia el esquema de cuidado que atendía a mas niños en primera infancia, sin ninguna otra propuesta que garantice este servicio, privatizando así esa etapa de la educación y ocasionando que cierren estancias y se abran lugares de cuidado que sí pongan en riesgo a los niños.
 

Fundadora del Programa de Estancias Infantiles

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