Los camiones, los muertos y la justicia que no pagamos

Alejandro Hope

La historia es surrealista: dos camiones refrigerados, con centenares de cadáveres no identificados a bordo, deambulando por los caminos de Jalisco, rechazados en todas partes, sin destino fijo. Todo esto sucede mientras el estado tiene centenares de expedientes de personas no localizadas o desaparecidas. El remate no se le hubiera ocurrido ni al guionista más imaginativo: el jefe de servicios forenses fue removido de su cargo, sin importar que él mismo tuviese a una hija desaparecida desde hace dos meses.

Todo esto es una tragedia inimaginable, disfrazada de farsa. Varios de mis compañeros de páginas (particularmente Héctor de Mauleón) ya la han narrado paso a paso. Pero hay detrás de ella una tragedia mayor, pero menos visible: el abandono sistemático de las instituciones de seguridad y justicia. Esta historia de cadáveres apilados en camiones tiene su origen en las decisiones presupuestales del país.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, tan mencionado en estos días, es de hecho un buen ejemplo de esta negligencia. Entre 2014 y 2017 su presupuesto disminuyó 2% en términos reales. En ese mismo periodo, la Fiscalía General del Estado aumentó su presupuesto en apenas 1%, descontando el efecto inflacionario.

Mientras eso sucedía, los muertos se acumulaban. De acuerdo con datos del Inegi, el número de homicidios intencionales en Jalisco creció 52% entre 2014 y 2017. En el mismo periodo se acumularon en el estado más de 2 mil 600 expedientes de personas no localizadas o desaparecidas. Asimismo, se incorporaron varios cambios legislativos a nivel nacional que impusieron nuevas obligaciones. De estos, destacan al menos dos, aprobados ambos en 2017: a) la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y b) la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En ambos casos, se requería esfuerzo presupuestal monumental para dotar a las instituciones del personal, las instalaciones y los equipos requeridos para hacer cumplir la ley. Ese esfuerzo no ha llegado en Jalisco.

O en la mayoría de los estados, para ser sincero. Los problemas que tiene Jalisco con la disposición de cadáveres no identificados, por dar sólo un ejemplo de las dificultades operativas de fiscalías y servicios forenses, se reproducen en muchas otras entidades. En Guerrero, en mayo pasado, había 751 cadáveres sin identificar y la capacidad de guarda alcanzaba apenas para 270 cuerpos.

Y eso es sólo el problema de las instalaciones. Existe en el país un déficit sistémico de personal pericial. En 2016, había apenas 8 mil 945 peritos de todo tipo en la suma de todas las procuradurías estatales, de acuerdo con datos del Inegi. De ese total, solo 996 eran médicos forenses. La PGR está un poco mejor equipada, pero no mucho más. En 2015 contaba con mil 505 peritos. De esos, apenas 12 tenían la especialidad de Antropología Forense (una disciplina clave para resolver los casos de desaparición).

Todo esto es resultado de una subinversión brutal en nuestras instituciones. Entre 2012 y 2017, en medio de una escalada de violencia, el presupuesto de la PGR disminuyó 12.8% en términos reales. Si se toma en conjunto al sector seguridad y justicia (excluyendo a Sedena y Semar), México dedicó 0.8% del PIB a esas tareas en 2016. El dato similar en Colombia es 2.2% del PIB. Casi tres veces más.

En resumen, el drama de los camiones es una señal de un problema más grave: en materia de justicia, tenemos lo que pagamos. Y lo que pagamos obliga a tener camiones repletos de cadáveres deambulando por el país.

alejandrohope[email protected] @ahope71

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