Un eventual panel de controversias por la del gobierno mexicano bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) puede llegar a costar 60 mil millones de dólares, de acuerdo con Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Se hablaba de que pudiera ser entre 20 mil y 60 mil millones de dólares. Eso es porque no solamente es el efecto de ahorita, sino que es en todo el acumulado en el tiempo”, comentó el ejecutivo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Ante esa situación y en caso de que México pierda el panel, lo cual ve muy probable, es que se impondrían aranceles no solamente al sector energético, sino a otros para compensar el efecto.

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Señaló que podrían ser aranceles también al sector agrícola, pues el gobierno de Estados Unidos quiere protegerse por presiones políticas.

Sin embargo, aseguró que no es fácil determinar si la Unión Americana entrará o no a un panel contra la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Creo que es una decisión política del lado estadounidense. Nosotros de alguna manera hemos estado involucrados en el proceso y sabemos que la administración americana, por ejemplo, el Departamento de Estado tiene una visión diferente a la que tiene el Departamento de Energía o la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés). Hay menos presión política que en el caso del maíz transgénico”, añadió.

Las consultas que pidió la Unión Americana están relacionadas a la preferencia normativa para beneficiar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de privados.

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En un informe, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) especificó que la USTR argumenta el motivo de la solicitud de conversaciones con la revocación y el rechazo de nuevos permisos de generación eléctrica y almacenamiento de petrolíferos, así como las restricciones a la operación de estaciones de servicio e importación de combustibles por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (Sener).

Además, cuestiona la regulación de diciembre de 2019 que extiende el plazo sólo a Pemex para cumplir con la Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos de contenido de azufre en el diesel automotriz (NOM-016-CRE-2016), así como el exhorto de junio de 2022 de la Sener al Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) y a la CRE para obligar a los usuarios del servicio de transporte de gas natural a comprarle el hidrocarburo a las filiales de la CFE.

Entre las violaciones al T-MEC están las referentes a los capítulos que determinan que los países deben otorgar trato nacional a las mercancías de los otros países miembros; el que veta cambios a la regulación de magnitud suficiente para interferir con las expectativas originalmente proporcionadas a inversionistas.

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