Coparmex urge atender violencia y certidumbre económica; considera que reforma electoral profundiza división

Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el gobierno federal debe concentrarse en atender los hechos de violencia que se registran en diversas regiones y en generar las condiciones que atraigan inversiones ante la incertidumbre económica interna y externa que enfrentamos.

Sostuvo que “no es momento de una reforma electoral” y añadió que “ello sería impulsar cambios que profundizan la polarización y generan confrontación entre los mexicanos”, en lugar de que surja de resultados de consensos ciudadanos, diálogo democrático y respeto a las instituciones.

En un comunicado, la Coparmex aseguró que se trata de una propuesta de reforma electoral que “no nace del consenso ciudadano, lo que introduce riesgos que deben analizarse con responsabilidad y visión de largo plazo”.

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“La pretensión de iniciar este debate y plantear cambios institucionales ocurre en un momento especialmente delicado, con retos significativos en materia de seguridad, hechos violentos en distintas regiones, revisión de compromisos con socios comerciales, incertidumbre económica y las debilidades del Estado de Derecho”, expuso.

Añadió que México requiere estabilidad, eficacia institucional y resultados concretos, no discusiones que puedan generar más división en el país.

Para la Coparmex, las leyes electorales deben respetar cinco pilares democráticos:

• Autonomía de las autoridades encargadas de organizar las elecciones, con independencia real, capacidad operativa suficiente y una estructura profesional y confiable de carácter permanente y no improvisada.
• Pluralidad legislativa que refleje la diversidad política y social del país.
• Fiscalización sólida y efectiva que garantice condiciones equitativas de competencia.
• Inclusión de minorías, evitando barreras que limiten la participación política y el surgimiento de nuevas fuerzas.
• Certeza jurídica, con reglas claras, estables y previsibles.

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Agregó que actuar con responsabilidad institucional y atender con prioridad los desafíos urgentes que afectan la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del país sería cuidar el sistema electoral.

Explicó que la confianza de inversionistas nacionales e internacionales depende de la estabilidad institucional, la certeza jurídica y la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad. Si hay señales de debilitamiento de la libertad democrática de ciudadanos e instituciones, estas solamente aumentarán la incertidumbre, frenarán aún más la inversión y limitarán la creación de empleos.

Consideró que también se incumplirán compromisos internacionales en materia de democracia, derechos políticos y elecciones libres en momentos en que se está por renovar el Acuerdo Global México-Unión Europea y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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