La infancia secuestrada

El debate público sobre las obligaciones del Estado y el funcionamiento de las áreas del gobierno, ha venido a instaurar la transparencia entre la sociedad y el poder público. Hoy se ha denunciado al nivel del escándalo la corrupción existente en las estancias infantiles, que han sido creadas por los particulares con el apoyo por la antigua Secretaría de Desarrollo Social. No parece intención de los nuevos funcionarios la eliminación o reducción de este servicio que se ha vuelto esencial para la formación cabal de las nuevas generaciones, sino más bien realizar una gran auditoria para saber con certeza cuáles de esos centros operan de forma fraudulenta a través del desvío de recursos de la federación.

Por desgracia no se ha establecido la competencia de la Secretaría de Educación Pública para normar y coordinar estos servicios, como lo propuse en 1977. Desde hace medio siglo ha crecido, según las posibilidades de cada país, la necesidad de otorgar formación adecuada a las niñas y niños en la edad temprana y antes de incorporarse a la educación preescolar. Es además un derecho de los menores, según la legislación que consagra el bien superior de la niñez. No obstante, lo esencial es la conciencia pública de que la formación en esa edad coloca a cada niño en condiciones semejantes para iniciar en la educación formal. Dicho de otro modo: las diferencias en la atención que reciben esos menores es definitiva para su vida posterior y establece desigualdades que se prolongan durante toda su existencia.

Recuerdo cuando Ricardo Lagos era Secretario de Educación, antes de ser Presidente de Chile, con la filosofía invencible de la “educación inicial”. Desgraciadamente ésta se desarrolló en otros países de manera desordenada y con responsabilidades públicas y sociales diferenciadas. En México apareció en la legislación laboral de los años setentas como obligación patronal la prestación de servicios de “guardería” según el artículo 283. Como titular de la Secretaría del Trabajo, pensé en la forja de un modelo razonable que se extendería a todo el país por la vía de la contratación colectiva. Con voluntad presupuestal e imaginación educativa creamos en 1973 el primer Cendi del país para atender a los hijos de los trabajadores de la propia secretaría.

Al mismo tiempo participamos en la implementación de disposiciones novedosas que transferían al IMSS la obligación de implantar un sistema de atención materno-infantil. Para ello era necesario crear un nuevo seguro obligatorio llamado “guarderías” que nunca fue cumplido. Se prefirió subrogar este servicio a los particulares, lo que en mi criterio era ilegal ya que en la legislación de seguridad social, las instituciones deben ofrecer el servicio al que están obligadas. No entiendo, por ejemplo, que al lado de los hospitales pediátricos del IMSS se creara una red de empresarios avorazados que absorbieran mecanismos de protección a la primera infancia. Se trata de una corruptela inconfesable que por primera vez se denuncia por su nombre. La tragedia del ABC reside precisamente en que las autoridades del IMSS subrogaron un servicio que estaban obligados a cumplir.

La solución al problema es sencilla: definir con claridad qué es la educación inicial, llamada también educación temprana o atención materno-infantil, y determinar cuáles son los actores públicos responsables de ministrar esta prestación. Establecer también sanciones severas para los particulares y las autoridades implicadas en el universo colosal de concesiones indebidas e ilegales de servicios públicos. Lo que está en juego es la cancelación de los intereses particulares en la prestación de los servicios que son obligación del Estado. Esa fue una de las claves que caracterizaron al antiguo régimen y que estamos obligados a extirpar.

El presidente López Obrador acaba de reconocer la necesidad de romper desde ahora con esas costumbres que pueden infiltrarse en la conducta de un gobierno republicano. Vencer al pasado no implica sólo voluntad política, sino decisiones estratégicas que abrieran los cauces para una nueva República.

Presidente de la Cámara de Diputados