PND 2019-2024: regreso al pasado

La Ley de Planeación (LP) fue reformada en febrero de 2018, por lo que desde entonces la Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo (PND). En su transitorio establecía que debería ser enviado a más tardar el último día hábil de abril de este año. El Ejecutivo cumplió con esa disposición y entregó dos documentos: uno redactado en la Oficina de Presidencia y otro elaborado por el equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que se tomó en serio la encomienda e incorporó los requisitos que la Ley establece en su artículo 21, 21 Bis y 21 Ter, pero que fue contemplado como un Anexo al documento principal.

Cabe recordar que la LP fue promulgada en enero de 1983 para afirmar la rectoría económica del Estado y para corregir el absurdo de un Plan Global de Desarrollo presentado en 1980, cuando al gobierno en turno sólo le quedaban dos años y, por ende, no tenía ninguna posibilidad real de implementarlo. Para enfatizar que se trata de una hoja de ruta de un gobierno electo democráticamente y sin relección, se establece que: “La vigencia del Plan no excederá del periodo constitucional del Presidente de la República.”

La Cámara de Diputados convocó a un periodo extraordinario y realizó varias mesas de parlamento abierto para discutir diversos temas, pero finalmente el Pleno decidió aprobar el texto remitido por el Ejecutivo sin modificarle una coma y desechó el Anexo el 27 de junio. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció en la conferencia mañanera del 10 de julio que una de las discrepancias con el extitular de la SHCP, Carlos Urzúa, fue que el plan elaborado por esa dependencia era neoliberal y que pudo haber sido realizado por Carstens o Meade.

Quien se haya tomado la molestia de leer la propuesta elaborada por la SHCP, podrá constatar que no tiene nada que ver con los PND de las dos administraciones anteriores, porque cuestiona el modelo de desarrollo excluyente. En lo único que coinciden es en el formato que mandata la LP: I) un diagnóstico general, II) los ejes generales que agrupen los temas prioritarios, III) los objetivos específicos, IV) las estrategias para ejecutar las acciones, V) los indicadores de desempeño y sus metas, y VI) Los demás elementos que se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables.

Lo más absurdo e inaudito es que luego de semanas de deliberaciones, se decidió eliminar el Anexo para evitar que las proyecciones más realistas de éste entraran en contradicción con el texto principal, a pesar de que se tomaron en cuenta las consultas realizadas, así como los programas sectoriales y especiales establecidos en las diversas leyes secundarias.

La forma es fondo y por ello no extraña que en el Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado día 12, no se haya señalado como fundamento legal a la Ley de Planeación, porque no se cumplían sus requisitos.

Pero el fondo resulta lo más preocupante. Las comisiones y organismos autónomos son consideradas como un estorbo para el Gobierno: no debiéramos extrañarnos de los ataques que han padecido instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Inegi, Cofece, INAI y demás. En ese mismo sentido, se hace hincapié en “la abdicación de potestades del gobierno en diversas instancias internacionales”. El gobierno de Enrique Peña Nieto no aceptó la supervisión del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿el de AMLO sí lo hará? La respuesta la da el mismo documento: México no se involucrará en la política interna de otros países, pero tampoco permitirá que lo hagan en la suya.

Más allá de la retórica, el presidente Trump ya influyó en la política migratoria de México, los extranjeros detenidos en junio fueron 29 mil 153 personas, nuevo récord y esto es lo que ha venido denunciando el diputado Porfirio Muñoz Ledo.

En su renuncia Urzúa señaló que las decisiones de política no se respaldaban en evidencias. En la entrevista con Proceso ya es más específico, al declarar que no estuvo de acuerdo con la cancelación del aeropuerto de Texcoco ni con la construcción de Dos Bocas. Recordemos que Arturo Herrera fue corregido por el presidente cuando declaró que el proyecto se pospondría.

El exsecretario tampoco estuvo a favor de que se implementaran los recortes desde marzo, cuando el presupuesto aprobado ya era muy restrictivo. Era más partidario de incrementar los ingresos, vía una reforma fiscal o reactivación de otros impuestos como la tenencia, que fue otro de los desmentidos que hizo el presidente a declaraciones de Herrera; pero Urzúa mismo reconoce que ello iba en contra de la promesa de no subir impuestos.

El ala radical de la 4T se le ha ido a la yugular a Urzúa echándole en cara que, si estaba en desacuerdo con la cancelación de Texcoco, ¿por qué no renunció a ser titular de la SHCP? Ya no recuerdan que tuvo que entrar de bombero, para renegociar el incumplimiento de los bonos y tranquilizar a los mercados cuando legisladores de Morena hacían propuestas que los ponían nerviosos.

Incluso columnistas se suman al linchamiento. Se les olvida que en un acto público el 14 de diciembre de 2017 como precandidato, AMLO propuso a Urzúa como futuro secretario de Hacienda, y que es de los pocos economistas reconocido y respetado por todas las corrientes y tendencias.

Urzúa comenta dos asuntos delicados: el gasoducto Texas-Tuxpan -que fue la gota que derramó el vaso y que lo confrontó con Manuel Bartlett- y su posible impacto en la aprobación del T-MEC; y el Plan de Negocios de Pemex y la forma en que las calificadoras y los inversionistas lo van a evaluar.

El control de daños realizado por AMLO fue bastante bueno con el nombramiento de Herrera, y qué bien por México. Sin embargo, el problema más grave fue la discrepancia sobre el PND, porque nos recordó los tiempos en los que la política económica se decidía en Los Pinos, y más aún cuando el presidente responde que si el nuevo secretario no está de acuerdo con él, lo convencerá.