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¿Austeridad republicana o draconiana?

Si bien la estrategia de reasignar gasto corriente al de inversión era correcta, algunos rubros, que ya estaban fuertemente castigados fueron puestos al borde del colapso
06/06/2019
02:35
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La austeridad se ha usado como bandera política y en general viste bastante bien con la opinión pública, sobre todo cuando el gobierno anterior se caracterizó por enormes despilfarros, que lo mismo eran los gastos de comunicación que los viajes al extranjero, como la memorable gira a Reino Unido, donde el séquito de la delegación mexicana era ostensiblemente ofensivo, solo por mencionar uno de los ejemplos más deplorables.

La austeridad también ha sido la medida preferida que los organismos internacionales han recetado en las políticas de ajuste para reducir el déficit público de los países; aunque durante la Gran Recesión de 2008-2009 tuvieron que olvidarse de la ortodoxia para sacar al mundo de una gran crisis al impulsar el gasto público y una política monetaria completamente acomodaticia que combinó el descenso drástico de las tasas de interés y una enorme expansión de la liquidez, e incluyó un enorme rescate financiero mediante intercambio de títulos gubernamentales por bonos basura para salvar de la quiebra a los bancos.

Una vez pasada la urgencia, México y otros países emergentes se beneficiaron del disparo del precio de las materias primas, entre ellas del petróleo. Para hacer frente al gran endeudamiento y gasto provocado por las medidas de reactivación, se impuso la austeridad fiscal en casi todos los países que provocó una ralentización de la economía mundial, que en nuestro caso provocó una fuerte caída de los ingresos petroleros por el efecto combinado de la disminución de los precios y del desplome de la producción y de las exportaciones del crudo.

La disminución de los ingresos petroleros de México fue compensada con la reforma fiscal de 2014, pero contrario a lo que pasaba en el resto del mundo, la administración pasada siguió incrementando su gasto y deuda púbica, al vender las reformas estructurales, entre ellas la energética, lo que le permitió seguir utilizando el gasto de manera clientelar, dándole buenos resultados en las elecciones intermedias de 2015. Los peores casos de corrupción de los gobiernos estatales se presentan en este periodo y ello contribuyó al descredito del partido oficial, máxime al ser el gobierno federal complaciente con las fechorías de los virreyes regionales.

El Fondo Monetario Internacional comenzó a llamar la atención ante el fallido proceso de consolidación fiscal, porque el gasto y la deuda pública seguían creciendo como proporción del PIB (véase la Consultas del Artículo IV de 2016 a 2018 al respecto), por lo que las autoridades hacendarias redujeron fuertemente la inversión pública, además que de que vendieron activos en un intento por sanear las finanzas de Pemex.

Antes de que tomara posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y una vez que se presentaron los 25 proyectos prioritarios, había una gran inquietud entre los analistas y el sector financiero sobre si su gobierno sería capaz de mantener las finanzas públicas sanas, porque con las promesas de campaña había el temor de que el gasto público se disparara.

Las que serían las próximas autoridades hacendarias, incluso, llegaron a declarar que si los ingresos no lograban cubrir los egresos, se recortaría el gasto social para mantener la disciplina fiscal, lo que fue bien recibido por el sector financiero. Incluso, con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, como lo comenté en estas páginas (20 de diciembre de 2018) se despejó esa duda.

Sin embargo, aunque en los CGPE 2019 se prometía “eliminar gastos que se consideran innecesarios; reasignar presupuesto de partidas que eran utilizadas para un reparto discrecional de los recursos a programas y proyectos con reglas claras para su asignación; y eliminar, fusionar o reducir programas que se consideran duplicados, que no cumplen con su propósito o ya lo cumplieron”, el asunto no ha resultado sencillo y se han venido acumulando las protestas y reclamos sociales, lo mismo en la academia, en el agro, que entre los pacientes de todo el sistema de salud.

Si bien la estrategia de reasignar gasto corriente al de inversión era correcta, luego de que el gobierno anterior recortara drásticamente la inversión pública, algunos rubros que están dentro del gasto corriente del PEF 2019 destinados a educación, salud, equidad de género, sector agrario, ecología, cultura, turismo, entre otros, que ya estaban fuertemente castigados, fueron puestos al borde del colapso con la orden de incrementar los ajustes para liberar recursos para los proyectos como el de Dos Bocas de Pemex y Santa Lucía.

Esto ha generado un grave enojo, especialmente
en el sector salud, donde la falta de pagos y el desabasto de medicamentos, ha obligado a dar marcha atrás a la medida.

¿Qué dicen los datos duros de enero a abril de 2019? Mientras que los ingresos presupuestarios se han mantenido prácticamente sin cambio en términos reales (-0.1%), gracias a que la caída de los petroleros (-21.8%) fue compensada por un incremento de los no petroleros (4.9%), el gasto neto pagado cayó 6% a consecuencia de una disminución del programable (-6.1%) y del no programable (-5.8%).

Dentro del gasto programable, el de operación se redujo 3%, los subsidios y trasferencias cayeron 19.7%, las ayudas 42.3% y la inversión física 16.8%, mientras que el monto de pensiones y jubilaciones creció 4.9%. Por ramos administrativos los únicos que crecieron fueron Energía (363.5%), Trabajo y Previsión, impulsado por el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro (40.9%) y Defensa (1.1%).

En conclusión, la inversión pública no ha contribuido a reactivar la economía porque poner en funcionamiento los proyectos lleva tiempo, y la austeridad impuesta para mantener las finanzas públicas equilibradas y liberar recursos está generando una severa crisis en algunos servicios públicos.
 

Catedrático de la EST-IPN.
Email: [email protected]