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Autoridades federales y estatales emprenden campañas de desinformación entre las comunidades indígenas y han utilizado las consultas previas como instrumento de legitimación de sus propuestas o proyectos, acusó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Al presentar la recomendación general número 27/2016 sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República mexicana, el ómbudsman Luis Raúl González Pérez cuestionó que además de desinformar, las autoridades proporcionan datos pocos claros, imprecisos e incompletos, que les impiden conocer plenamente los posibles riesgos ambientales y el impacto cultural que pueden tener los proyectos que pretende desarrollar en sus territorios.
Destacó que de 2009 a 2010, la CNDH recibió cuatro quejas en la materia. De 2015 a 2016 esta cifra aumentó a 18 quejas y en total, de 2009 a lo que va del presente año se han registrado 44 incidencias.
Explicó que además de la falta de información sobre los proyectos, continuamente las autoridades ni siquiera consultan a los pueblos indígenas antes de aprobarlos.
“El carácter previo de la consulta es constantemente vulnerado. En algunos casos se advierte una tendencia de la autoridad a emitir autorizaciones que dan lugar al proyecto, sin consultar ni hacer partícipe a la comunidad indígena en el otorgamiento de concesiones y permisos para la explotación de recursos.
“La consulta se da en diversas ocasiones en un contexto de violencia, amenazas, hostigamiento, represión y criminalización hacia los integrantes y representantes de las comunidades indígenas”, detalló.
En su recomendación la CNDH llamó a los poderes ejecutivos, tanto federal como estatales, a presentar iniciativas de ley para regular este derecho y que se encuentre plenamente reconocido en la legislación.
“No obstante ser un derecho cuyo sustento se encuentra a través de una ley que regule concreta y específicamente sus alcances, características y procedimientos para su ejercicio e implementación, han ocasionado, en la práctica, que existan condiciones que propician que se eluda su observancia y que su debida aplicación y efectividad sean limitadas”, advirtió el ómbudsman nacional.
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