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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los visitadores generales de ese organismo no podrán ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa por las opiniones y recomendaciones que formulen, o por los actos que realicen en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos que les asigna la ley.

Esto lo aseguró la CNDH luego de que el pasado jueves la abogada de los tres militares absueltos recientemente en el caso Tlatlaya, Lilia Mariana García, interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, por violar la presunción de inocencia de sus representados con sus comentarios y comunicados de prensa.

La abogada aseguró que con las declaraciones que ha hecho el ómbudsman nacional en torno al caso y contra sus clientes se contribuyó a “un clima de linchamiento mediático” contra los soldados exonerados por la muerte de siete civiles en una bodega del Estado de México.

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