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Con el voto en contra del PRD y del senador Isaías González (PRI), comisiones unidas del Senado aprobaron en lo general la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que propone que los asuntos laborales sean atendidos por los poderes judiciales federal o locales previo a un proceso de conciliación, con lo que dejarían de atenderse en las juntas de Conciliación y Arbitraje.
Las reservas serán llevadas al pleno y por tratarse de una reforma constitucional será aborda hasta la sesión del próximo jueves.
El proyecto de dictamen de las comisiones de Puntos Constitucionales, Trabajo, Justicia y Estudios Legislativos destaca que la propuesta del Ejecutivo —presentada el pasado 28 de abril— adopta medidas para garantizar que la libertad de negociación colectiva e individual sea libre y secreta.
Esto incluye la elección de sus dirigentes sindicales, que será por el voto libre y secreto de sus agremiados, y su participación en los procesos de suscripción y registro de contratos colectivos de trabajo y la resolución de conflictos entre sindicatos.
Los senadores del PRD votaron en contra al considerar que hubo “un madruguete” al agregar un párrafo de la fracción 18 del Apartado A del articulo 123 sobre el derecho de huelga, que no tenía la propuesta original del presidente Enrique Peña Nieto.
El texto señala que las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital, u obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, “en cuyo caso el sindicato deberá acreditar, previo al emplazamiento, la representación mayoritaria de los trabajadores”.
El senador Isaías González, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) del PRI, señaló que apoyaban la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto: “Estamos de acuerdo con la libertad sindical, pero aquí no está como llegó la iniciativa. Aquí se está coartando la libertad de los trabajadores, porque cuando haya un emplazamiento a huelga, pero si no hay emplazamiento y hay un contrato que previamente lo acuerda un patrón con equis, entonces ahí no hay libertad… Lo mejor sería quitar este texto”.
El senador Tereso Medina, líder de la CTM en Coahuila, respaldó a su compañero de bancada —pero votó a favor—, dijo que esta iniciativa da mayores derechos a sus agremiados al avanzar en la aplicación de la justicia laboral: “Necesitamos un sindicalismo responsable con la estabilidad laboral y lo que esperamos de ustedes también lo sean con México, porque el empleo no tiene colores ni partidos, por lo que coincidimos en ese comentario”.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Miguel Barbosa (PRD), dijo que el proyecto es muy importante, por lo que la verificación va en contra del derecho de huelga y pidió que el tema se discutiera con todos los sectores o se quitara del texto.
El senador Luis Sánchez dijo que ese cambio termina de facto con el derecho a huelga: “Se volaron la barda, ya que este anhelo empresarial de limitar este derecho lo llevan ahora a la Constitución”.
Dijo que al acreditar la representación mayoritaria de los trabajadores para un emplazamiento de huelga, se reviven las “listas negras”, en las que despedían a trabajadores antes de la votación para irse a huelga.
En favor el senador Javier Lozano (PAN), expresó que desde hace 25 años se busca un cambio estructural en materia laboral que significará transferir la función jurisdiccional, que han tenido las juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto a nivel federal como a nivel estatal, al Poder Judicial de la Federación”.
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