Durante 2015, el uso del arraigo por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) disminuyó en un 90.36 %, respecto a las cifras reportadas en 2012.
A través de un comunicado, la PGR señala que el arraigo es una medida cautelar que ha sido duramente cuestionada, tanto a nivel nacional como internacional, debido a que su aplicación sistemática "contribuye a lesionar derechos fundamentales de los detenidos".
Asimismo, la dependencia señala que, como política institucional, el arraigo sólo se utiliza en casos estrictamente necesarios. La medida pretende afirmar que el arraigo constituye una medida extraordinaria para cuando se han agotado los plazos ordinarios establecidos constitucionalmente y se considera necesaria la aplicación de esa figura con la finalidad de allegarse de un número mayor y más sólido de elementos para consignar.
A diferencia de 2012, año en que 861 personas fueron arraigadas, en 2015 únicamente se contabilizan 83 personas en las que se aplicó dicha medida cautelar, como parte de la estrategia para la investigación de los delitos.
jlcg
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