Expertos piden al Senado fortalecer instituciones

Los expertos se reunieron con las Comisiones de Derechos Humanos y Relaciones Exteriores del Senado de la República (YADÍN XOLALPA. EL UNIVERSAL)
10/09/2015
01:06
MARCOS MUEDANO
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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno federal a construir un sistema de justicia sólido en el que puedan confiar los habitantes pues el país requiere que sean sus instituciones las que investiguen y hagan justicia y no expertos extranjeros.

“Queremos insistir en el tema de nuestro informe y les solicitamos a todos que lo vean como un aporte a la sociedad mexicana, como un aporte a construir las instituciones necesarias para que exista la confianza en el Estado de derecho, en las instituciones.

“Su país requiere que sean sus instituciones las que tengan la capacidad de brindar justicia, no podemos ser sólo extranjeros los que podamos hacer esto”, mencionó Francisco Cox, uno de los cinco expertos que elaboró el informe Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, presentado el domingo.

Durante una reunión con las Comisiones de Derechos Humanos y Relaciones Exteriores para Organismos Internacionales, Carlos Martín Beristáin reiteró que con el peritaje sobre la posible incineración de estudiantes en el basurero de Cocula “no damos ninguna evaluación sobre si los normalistas fueron asesinados o incinerados, no lo sabemos; no sabemos cuál ha sido su destino final”.

Sin embargo, lo que sí determinó el experto “es que el evento de la quema de los 43 cuerpos no pasó en el escenario del basurero de Cocula”.

“Eso significa para nosotros que hay que rebobinar en parte la historia y tener elementos que nos ayuden a conocer mejor el paradero de los normalistas desparecidos”, dijo.

Agregó que “sea cual sea el paradero y lo que pasó, realmente creemos que todavía hay elementos de investigación muy amplios, tal como lo señaló la propia procuradora cuando llegamos al país”.

Al entregar el informe sobre los hechos registrados el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014 en los municipios de Iguala y Cocula, en Guerrero, Cox comentó que las recomendaciones no buscan generar discusión o critica, pues lo que se quiere es que se construyan instituciones firmes.

Carlos Beristáin instó a tomar el ejemplo de Ayotzinapa para legislar de forma adecuada la Ley General de Desaparición Forzada ya que no se puede seguir revictimizando a las víctimas, así como a sus familiares. Además, es necesario una ley que castigue este tipo de acontecimientos.

Cambios. Otra de las peticiones a los senadores es que los Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR) se independicen de la institución, pues la sujeción económica genera un sesgo que no permite confirmar las primeras investigaciones.

“Nosotros estamos proponiendo un cambio fundamental que creemos debería abordarse lo antes posible: que Servicios Periciales sea autónomo, que no sea parte de la PGR. La Procuraduría en un sistema acusatorio se evidencia mucho más. Pasa a ser una parte de un conflicto penal y del proceso, por lo tanto que las pruebas sean recogidas por una de la partes genera un sesgo confirmatorio”, dijo.

Mario Patrón, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, leyó una serie de peticiones de los familiares de los jóvenes entre las que se encuentra la creación de dos fiscalías, una de ellas que sea la de la “verdad y justicia” para las víctimas y sus familias; y la segunda, “de control interno”, que permita “explicar qué sucedió y qué hicieron los que estaban encargados de la investigación”. Solicitaron a los senadores legislar en la desaparición forzada y tortura, que las investigaciones no se sigan contaminando y dialogar con el titular del Poder Ejecutivo.

Por separado, La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados definió que este jueves se discutirá y afinarán los criterios sobre el informe del grupo, dio a conocer su presidente el diputado priísta César Camacho. El propósito es evitar la impunidad que lastima a familias, instituciones y la convivencia social.

Con información de Suzzete Alcántara y Horacio Jiménez

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