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El negro pasado en materia de violaciones al debido proceso persigue a la Procuraduría General de la República (PGR).
Nos aseguran que la PGR, que encabeza Arely Gómez, ha tomado una misión muy complicada: revertir el fallo judicial que dejó en libertad a los acusados de haber hecho estallar granadas en el zócalo de Morelia, Michoacán, durante las celebraciones patrias de 2008.
El principal obstáculo que enfrenta la PGR son los errores y violaciones en el proceso en las que incurrieron la Procuraduría y algunas otras dependencias de seguridad federal el sexenio pasado.
En la dependencia hay seguridad sobre la responsabilidad de los acusados por lo que apelaron y seguirán con la ruta legal para que los acusados no permanezcan en libertad.
La ineficiencia, e incluso la omisión, de algunas autoridades de la pasada administración permitieron que un juez federal absolviera a los 4 responsabilizados del ataque con granadas la noche del 15 de septiembre de 2008 en Morelia.
Nuevamente la justicia está frente a un caso en el que no se juzga si los acusados son o no culpables, sino la manera de actuar de las autoridades que los detuvieron y procesaron.
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Muy complicada la tarea que tiene por delante la PGR, un negro pasado la persigue.
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