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México y la Unión Europea buscan fomentar la cohesión social y con ello prevenir la violencia, por lo cual lanzaron una convocatoria para la Sistematización de Buenas Prácticas 2017.
Se pretende que en esto participen gobiernos estatales y municipales postulando proyectos para la prevención de violencia y el delito.
La convocatoria se da en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y del Laboratorio de Cohesión Social II México-Unión Europea, en la que participan las secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación y la delegación de la Unión Europea en nuestro país.
Con ello se busca identificar 10 buenas prácticas que serán evaluadas por un comité de expertos, conformado por representantes de la sociedad civil, de organismos internacionales, del sector privado y de la academia, con el fin de sistematizarlas y así facilitar su réplica en otros estados, municipios y poblaciones afectadas por la violencia.
El director ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), Agustín García-López, señaló que con el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el gobierno federal busca fortalecer los factores de protección y reducir los riesgos de violencia y delincuencia, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, poderes de la unión, sociedad civil, academia e iniciativa privada.
“Construir un México en paz requiere de la colaboración de múltiples sectores, del trabajo en equipo, y compartir lo mejor que se tiene para apoyar a erradicar la violencia y fomentar la cultura de la solidaridad”, señaló.
La jefa de la delegación de la Unión Europea en México, Inmaculada Roca I Cortes, señaló que el proyecto se enmarca en un acompañamiento entre las dos regiones mucho más amplio, en un compromiso de una relación de socios estratégicos que comparten valores, ideas y posicionamientos en muchos temas de gran importancia mundial en foros multilaterales.
Los proyectos serán evaluados por un comité de expertos conformado por representantes de la sociedad civil, de organismos internacionales, del sector privado y de la academia, con la finalidad de sistematizarlas y así facilitar su réplica en otros estados, municipios y poblaciones afectadas por la violencia.
La recepción de postulaciones estará abierta del 31 de mayo al 19 de julio y los resultados se darán a conocer el 2 de octubre próximo.
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