Cámara de Diputados, testigo de evasiones

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La Cámara de Diputados ha atestiguado la evasión de la justicia de algunos legisladores, como es el caso del diputado suplente Antonio Enrique Tarín García (PRI), quien se resguardó durante 28 horas en el recinto legislativo para no ser detenido, tras una orden de aprehensión en su contra, tal como y lo hizo hace siete años el ex legislador Julio César Godoy Toscano (PRD).

El 23 de septiembre de 2010, el ex diputado perredista Julio César Godoy Toscano tomó protesta como legislador, tras pasar 48 horas resguardado en una de las oficinas de la coordinación del PRD, en el sótano del edificio B de la Cámara de Diputados, encabezada por el ahora senador Alejandro Encinas.

Esto con la intención de no ser detenido por la Policía Federal, quien se encontraba custodiando el Palacio Legislativo, debido a que era perseguido por la PGR, por supuestos vínculos con el crimen organizado.

El michoacano entró a la Cámara Baja en el auto de quien fuera su compañero de bancada, el diputado José Narro Céspedes, acompañado por la diputada Mary Thelma Guajardo, de acuerdo con informes de la Mesa Directiva, y que en su momento publicó EL UNIVERSAL.

Godoy Toscano entró a San Lázaro con dos días de anticipación a su toma de protesta, y permaneció atrincherado en las oficinas de la bancada del sol azteca, donde recibió visitas, comió y se bañó.

Fue el entonces presidente de la Mesa Directiva y actual vicecoordinador de la bancada del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien le tomó protesta a quien se le vincula de supuestos nexos con el cártel de La Familia Michoacana.

Un veracruzano, también. El diputado Antonio Tarek Abdalá Saad (PRI) se encuentra en un proceso de desafuero, después de que la Fiscalía General estatal lo solicitará la Secretaría General de la Cámara Baja.

Toda vez que se le investiga de haber recibido 2 mil 300 millones de pesos en 23 transferencias entre noviembre y diciembre de 2014, cuando fungía como tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, durante la administración de Javier Duarte.

Según la solicitud de desafuero, los recursos que obtuvo Tarek Abdalá provenían de los fondos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.