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En el cuarto año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto casi 7 mil 461 servidores públicos fueron sancionados por irregularidades administrativas, por lo que suman 34 mil 651 funcionarios señalados por corrupción o anomalías en el ejercicio de sus funciones.
Datos contenidos en el 4to Informe de Gobierno rendido ayer por el Ejecutivo federal al Congreso indican que a los 7 mil 461 sancionados les fueron aplicadas 8 mil 974 sanciones.
De ellas, 3 mil 400 fueron amonestaciones públicas o privadas; 2 mil 310 suspensiones, 2 mil 308 inhabilitaciones, 349 destituciones y 607 sanciones económicas con un monto acumulado de mil 189 millones de pesos.
La Presidencia no precisó el tipo de funcionarios sancionados o la dependencia donde laboraban. Sin embargo, consignó en un apartado las investigaciones y sanciones a elementos de corporaciones judiciales y policiacas.
En la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) se aplicaron 577 correctivos disciplinarios y se puso a disposición del Ministerio Público federal y del fuero común a 34 integrantes de corporaciones policiales por diversos delitos, “con lo cual se inició un expediente de investigación administrativa”.
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Además, el pleno del Consejo Federal de Desarrollo Policial “emitió 329 resoluciones, de las cuales 317 se determinaron con sanción [94.6%] y 12 sin sanción [3.6%]”.
La Policía Federal presentó 27 denuncias penales en contra de algunos de sus integrantes, de las cuales 167 fueron por uso de documentos falsos y fraude, cuatro por ejercicio indebido del servicio público y peculado, y 126 por diversos delitos.
De esas averiguaciones previas, 47 elementos fueron consignados por uso de documentos falsos y fraude ante jueces penales federales, quienes liberaron 35 órdenes de aprehensión y emitieron cuatro sentencias condenatorias.
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