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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció a favor de restringir la facultad de pedir constancia de antecedentes penales para conseguir trabajo.
Mediante un pronunciamiento, planteó la posibilidad de reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece quiénes pueden solicitar la constancia de antecedentes penales.
En el artículo 27 de la ley se prevé que esta información puede ser requerida por autoridades administrativas y judiciales para fines de investigación criminal, lo que la CNDH consideró que auxilia en el buen desempeño de la labor policial. Sin embargo, el mismo precepto extiende esta facultad a terceros, lo que el organismo consideró que debe eliminarse, porque viola el derecho a la privacidad de datos y el ejercicio pleno de otros derechos puede verse afectado por el mal uso de esa información, como acceder a un trabajo digno, rentar una casa y reinsertarse socialmente de manera efectiva.
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