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Urgen a salvar a la CIDH de la bancarrota

04/06/2016
02:11
Natalia Gómez Quintero
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La crisis de la comisión ha frenado sus actividades, como visitas y sesiones

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La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH) y la organización Human Rights Watch (HRW) hicieron un llamado a los países miembros para rescatar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de una posible “bancarrota”.

“Si los Estados miembros de la OEA no atienden esta crisis financiera sembrarán serias dudas sobre su compromiso con los derechos humanos y levantarán sospechas de que pretenden librarse del escrutinio de la comisión”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Advirtió que pareciera que el gobierno mexicano está dispuesto a aprovechar esta crisis financiera para debilitar a la CIDH, que se atrevió a cuestionar su investigación sobre el caso Ayotzinapa, y aludió a una sesión del 25 de mayo en la que el embajador mexicano ante la OEA, Luis Alfonso de Alba, sugirió que la comisión podría estar recibiendo menos fondos debido a su supuesta “parcialidad” y sus “retrasos” en el tratamiento de casos, por lo que pidió a la OEA que tomara “medidas correctivas” para reformarla.

“Exhortamos a todos los Estados a presentar sus donaciones y contribuciones financieras urgentemente, asegurando sin condiciones los fondos necesarios para el funcionamiento de la CIDH y garantizando que pueda retomar sus actividades para beneficio de la región, en cumplimiento de sus obligaciones regionales e internacionales de derechos humanos. También hacemos un llamado a otros actores relevantes para que apoyen financieramente a la comisión”, dijo por su parte la ONU-DH.

La crisis financiera de la CIDH ha llevado a la suspensión de todas las visitas y las sesiones planificadas para el resto del año. Además, 40% de los contratos de su personal en Washington no podrán ser renovados a fines de julio, a menos de que se reciban los fondos correspondientes o promesas de donaciones antes del 15 de junio.

“Si no se encuentran soluciones urgentes, el impacto negativo para las víctimas, los peticionarios y la sociedad civil en su conjunto, así como para la situación de derechos humanos en la región, será imposible de calcular”, expuso.

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