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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó al Congreso de la Unión revisar la Ley General de Víctimas, con el fin de eliminar las restricciones que impiden al Estado reconocer a quienes padecen desplazamiento forzado interno, y puedan así acceder a los beneficios que la norma prevé para su protección y reparación integral del daño.
En el Informe Especial Sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, publicado en la Gaceta Parlamentaria, la CNDH también plantea al Congreso de la Unión analizar y discutir la posible elaboración de una ley general sobre este fenómeno, en la que se plasmen y especifiquen los derechos de todas las personas que lo enfrentan.
La comisión pidió también que esta ley incluya los deberes del Estado en la materia, las acciones de prevención y control que sean necesarias para el combate de este delito, así como establecer las sanciones para quienes incumplan con la ley, considerando el impacto económico.
La CNDH afirma que aunque por el momento no existe esta ley, eso no obsta para que las autoridades actúen a favor de la protección de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado, ya que se encuentran protegidas por el artículo 1 de la Constitución política y por el deber de la autoridad de actuar con base en el principio propersona.
Considera importante que las autoridades competentes atiendan el problema de la protección de las propiedades de las personas desplazadas, para evitar la indebida apropiación, venta, destrucción o posesión por terceros.
Propone reformar la Ley General de Población, para reconocer a ciudadanos en situación de desplazamiento forzado interno y otorgar facultades, entre otros.
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