Exigen más participación contra las desapariciones

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Representantes de organizaciones civiles demandaron del Congreso la oportunidad de una mayor participación en el aporte de insumos para la Ley General contra la Desaparición Forzada y Desaparición Perpetrada por Particulares e, incluso, apoyar en la fase de redacción de esta legislación.

Llamaron a que este trabajo se realice sin prisas, aunque las cámaras de Diputados y Senadores incumplan el plazo que vence el 17 de diciembre para que entre en vigor esta ley que, junto con la de tortura, fueron consideradas de aplicación urgente por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Familiares de desaparecidos que emprendieron la búsqueda de sus seres queridos y que se han agrupado con otros inconformes, participaron ayer en la primera jornada de audiencias abiertas en el Senado, previa a la elaboración del dictamen de iniciativas. Al ser escuchados por senadores de tres comisiones distintas, hablaron del dolor en que viven y lamentaron que durante años las autoridades y las instituciones los han abandonado.

Citaron diversos casos en los que han sido hallados restos de desaparecidos, sin la ayuda de ninguna autoridad.

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García Campos, dijo que las leyes en materia de desaparición forzada y contra la tortura serán de especial relevancia en la 63 Legislatura, y ofreció el compromiso de proveer la asistencia técnica que se requiera en esta materia.

La senadora Angélica de la Peña (PRD), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que los legisladores en la Cámara Alta están de acuerdo con los diputados en analizar la ley contra desaparición forzada y está la posibilidad de que entre en vigor en los 180 días que manda la reforma constitucional.

Por su parte, Graciela Ortiz (PRI), presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, dijo que su grupo espera contar con la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, “quien ha manifestado su interés por lograr una legislación que incorpore las mejores prácticas internacionales para que el Estado logre mayor eficiencia en la lucha por abatir este delito y que contribuya en forma efectiva a la localización de personas desaparecidas”.

Michael Chamberlain, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, previno que en el delito de desaparición forzada hay colusión de las instituciones.

Alejandro Nuño, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Andrea Modesto, familiar de una víctima de desaparición y Yadira González Hernández, de Desaparecidos Justicia A.C de Querétaro plantearon que en el país hay miles de estos casos y que es invariable la situación en la que los cuerpos no se entregan.

Mario Vergara, de Los Otros Desaparecidos, dijo que en Iguala la violencia se ha recrudecido desde hace un año, y que unas 400 familias buscan familiares cuya localización desconocen, aunado a que en el esfuerzo por encontrarlos enfrentan riesgos y actúan sin apoyo de las instituciones.