Miles de campesinos guatemaltecos se lanzaron ayer a bloquear carreteras en 18 de los 22 departamentos de Guatemala, empujados por una misión casi imposible: exigir las renuncias del presidente Jimmy Morales, de su gabinete y de los 158 diputados, llamar a elecciones anticipadas, convocar a una Asamblea Constituyente Popular para elaborar una nueva Carta Magna y denunciar la corrupción política.

Aunque las demandas campesinas rayan en una posición extrema o radical que, por ahora, parece estar condenada al fracaso, sólo exhiben el profundo descontento general con Morales y el agudizado deterioro de su gobierno que el próximo viernes apenas cumplirá 18 de sus 48 meses de gestión.

En recientes declaraciones a la prensa guatemalteca, Morales negó que su gobierno esté en crisis y acusó a los legisladores opositores de bloquear a su administración, inaugurada en enero de 2016.

La movilización, que provocó el rechazo de la iniciativa privada guatemalteca y múltiples problemas de movilización, fue convocada por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), una de las principales organizaciones del sector en ese país.

La protesta pidió la dimisión de Morales “porque no es una persona que ha demostrado tener la capacidad para estar al frente del país”, dijo el guatemalteco Genaro Vásquez, uno de los dirigentes de Codeca en el suroccidental departamento (estado) de Suchitepéquez.

La Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el martes anterior el nombramiento de 16 gobernadores hecho por Morales, por violaciones al “debido proceso”. El presidente anunció que acatará el fallo y que en cinco días designará a los nuevos gobernadores pero apegado a la ley.

La situación se complica aceleradamente para Morales, quien en octubre de 2015 ganó la presidencia tras presentarse como un hombre que marcó una ruptura con la clase política tradicional guatemalteca. Famoso por su historial como payaso o cómico en la televisión y el cine de Guatemala, Morales emergió como el personaje del rescate luego del cisma en Guatemala por un escándalo de corrupción que en septiembre de 2015 obligó al entonces presidente, Otto Pérez Molina, a renunciar y quedar preso al ser señalado como jefe de una red criminal presuntamente culpable de un millonario fraude aduanero.

El presidente está acosado por un escándalo por la acusación contra su hijo, José Manuel Morales Marroquín, por supuesto fraude, y su hermano, Samuel Everardo Morales Cabrera, por presunto fraude y lavado de capitales y otros activos, en un caso de corrupción política por la aparente sustracción de dinero de una dependencia estatal.

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