En la mira, migrantes que sean una “carga”: Post

Washington.— El gobierno de Donald Trump está dispuesto a seguir apretando la tuerca contra la comunidad inmigrante y, según unos borradores de decreto que obtuvo The Washing-ton Post, estaría estudiando la deportación de aquellos con menos recursos económicos, entre otras medidas destinadas a continuar con la persecución a los no estadounidenses.

Sería un nuevo paso en la promesa electoral “America First” (“EU primero”). Si el veto a refugiados e inmigrantes de siete países de mayoría musulmana se escuda en términos de “seguridad”, el nuevo y más polémico posible decreto se basaría en el “abuso” de recursos públicos por parte de los inmigrantes que están en el país y que, con su presencia, estarían afectando a la clase obrera estadounidense. En concreto se detallan dos casos: la sanidad (y el programa Medicaid) y las ayudas para la alimentación, antes conocidas como “sellos”. La Casa Blanca no negó ni confirmó la veracidad de los decretos.

“Negaremos la entrada a cualquier inmigrante que pueda convertirse en una carga pública”, reza el decreto en uno de sus apartados, e incluso amenaza con la “deportación” si se considera que su uso de los servicios públicos ha sido abusivo en los cinco primeros años tras su entrada al país. En caso de detectar un caso de esos, se pedirá a los empleadores reembolsar al erario por el gasto provocado por el inmigrante.

Sin embargo, numerosos estudios demuestran que los inmigrantes no son el grupo de población que más usa (ni abusa) de los servicios públicos. El reporte Uso de los beneficios públicos de los inmigrantes pobres a un nivel inferior que los ciudadanos nativos pobres, del think tank libertario-conservador Cato Institute, resumía en 2013 la falsedad de las “afirmaciones de que los inmigrantes obtienen más beneficios públicos que los nacidos en el país, creando una carga seria e injusta” a una comunidad que no es muchas veces elegible para subsidios y servicios públicos.

Además, un segundo decreto estaría dispuesto para cambiar en su conjunto la normativa de visas, con el objetivo de controlar quiénes entran al país para “quitar trabajo” a los estadounidenses. Según el texto, el sistema actual de visados es un “imán” de empleos que hay que “eliminar”. En contrapartida, se implementaría un sistema “basado en méritos”, sin detallar.

“El indecente empleo de extranjeros ha tenido un impacto devastador en los salarios y trabajos del estadounidense, especialmente aquellos pocos cualificados, jóvenes, afrodescendientes e hispanos”, reza el texto.

Los visados más afectados podrían ser aquellos que entran a EU bajo tratados de comercio para gestiones e inversiones (E2) —el que más podría afectar a México, dada su relación bajo el TLCAN—, o los temporeros agrícolas (H-2A). Otros casos que se verían afectados son los estudiantes (J-1), los otorgados a quienes entran para negocios temporales (B1), y la visa para “trabajadores cualificados” (H-1B).

Los documentos especifican que se pedirá un detalle exhaustivo a las empresas de sus trabajadores extranjeros, y también insta a los departamentos y agencias correspondientes acabar con el “fenómeno del turismo natal”, aquellos no ciudadanos que deciden tener un hijo en EU para tener una vía más fácil a la residencia. Desde hace tiempo, Trump amenaza con eliminar la nacionalidad por nacimiento a aquellos hijos de padres extranjeros.