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Río de Janeiro/Boa Vista.— Al menos 31 personas fallecieron ayer en un nuevo capítulo de la guerra entre bandas criminales en las cárceles brasileñas, a menos de una semana de que una violenta masacre en otra prisión dejara 56 víctimas mortales.
La nueva matanza tuvo lugar en un penal de la ciudad de Boa Vista, en el estado de Roraima, a cuatro días de la masacre ocurrida en Manaos. La guerra abierta que ha dejado casi 100 muertos en lo que va de 2017 es considerada ya como la peor crisis penitenciaria de América Latina.
La riña ocurrió en la madrugada de ayer en la Penitenciaria Agrícola de la localidad de Monte Carlo (PAMC) dejando cadáveres decapitados y mutilados, informaron medios brasileños. A varias de las víctimas les arrancaron el corazón, narró el secretario de Justicia de Roraima, Uziel Castro.
La masacre fue atribuida al mayor grupo criminal de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC) de Sao Paulo, aunque el ministro de Justicia del país, Alexandre de Moraes, descartó alguna conexión con la matanza de Manaos.
“Fue una acción aislada de presos del PCC”, aseguró Moraes, quien habló de un ajuste de cuentas interno de la organización. El número de víctimas fue corregido a la baja a 31, después de que se reportaran inicialmente 33.
La Secretaría de Justicia de Roraima señaló que el penal, con capacidad para 750 presos, albergaba a mil 456.
Las autoridades regionales habían hablado inicialmente también de una posible acción de venganza del PCC contra la Familia del Norte (FDN), que controla el narcotráfico en el estado de Amazonas. La mutilación de los cadáveres es considerada en Brasil como una marca del proceder del PCC y otras bandas criminales con sus víctimas.
El presidente Michel Temer llamó por teléfono a la gobernadora de Roraima, Suely Campos, para informarse de la situación. Él había recibido en esta semana críticas por tardar varios días en pronunciarse y por haber calificado de “accidente” la matanza premeditada en el penal de Manaos.
El gobierno de Temer anunció el jueves pasado un Plan Nacional de Seguridad Pública que prevé, entre otras cosas, la construcción de más penales de alta seguridad para separar en ellos a los cabecillas de bandas criminales y la instalación de bloqueadores de señal de telefonía móvil.
Brasil tiene la cuarta población carcelaria más grande del mundo, detrás de Estados Unidos, China y Rusia.
Ante esto, Human Right Watch (HRW) afirmó ayer que las últimas masacres en cárceles de Brasil son el resultado de “décadas de negligencia” por parte de las autoridades del país.
“Las muertes en Roraima demuestran, una vez más, la falta de control de las autoridades brasileñas sobre lo que pasa dentro de las cárceles. No son accidentales”, dijo la directora de HRW en Brasil, María Laura Canineu, quien indicó también que el sistema penitenciario necesita “una reforma estructural profunda y urgente”.
