Después de las elecciones presidenciales del domingo, en las que se afianzó el poder del presidente, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, Nicaragua retornó a una espiral de crisis con Estados Unidos que cuestionó el proceso.

Las críticas señalan un presunto abstencionismo masivo, denunciado por grupos contrarios al gobierno; la exclusión en el proceso de las princpales fuerzas opositoras, y la falta de observadores nacionales y extranjeros.

Washington emitió ayer un cuestionamiento sobre la elección, a la que catalogó de “proceso viciado”, y afirmó estar “profundamente preocupado” porque se impidió “toda posibilidad de realizar” comicios presidenciales y legislativos justos y libres.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner, en un comunicado difundido ayer, lamentó que se limitara la observación electoral.

“La decisión del gobierno de Nicaragua de no invitar a observadores internacionales independientes socavó aún más la legitimidad de las elecciones”, recalcó Torner, al confirmar que “seguimos presionando” a Ortega para que “respete las prácticas democráticas”.

La alerta surgió mientras en el Senado de EU espera Nica—Act, proyecto aprobado en la Cámara de Representantes en septiembre pasado y por el que la Casa Blanca podrá bloquear el acceso de Nicaragua a unos 300 millones de dólares anuales de préstamos externos.

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Si es promulgada por el Senado y firmada por el presidente Barack Obama, la ley obligará a EU a que condicione los créditos a que Nicaragua certifique unas elecciones libres y honestas y una reforma judicial.

Anticipándose al reclamo, Ortega afirmó el domingo que los votos ahora en este país son contados por nicaragüenses, mientras que a principios del siglo XX eran contabilizados por las tropas estadounidenses.

Ortega ya sufrió el asedio bélico, político y económico de la Casa Blanca en ocasiones anteriores, primero como jerarca de una junta de gobierno y después como presidente surgido de las urnas. Sin ser calurosos, los nexos Managua—Washington han sido respetuosos con Ortega desde 2007.

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En este contexto emerge la Organización de Estados Americanos, que no descarta aplicar a Nicaragua las sanciones de la Carta Democrática Interamericana.

Confirmación. El Consejo Supremo Electoral (CSE) ratificó ayer la victoria de Ortega y de Murillo, del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sobre cinco pequeños partidos opositores que compitieron sin opción de triunfo.

Contado 99.8% (14 mil 552) de las 14 mil 581 mesas receptoras de votos, la pareja obtuvo 72.5% de los votos (1 millón 803 mil 944), con una participación de 68.2% del electorado, reportó. A falta de 29 mesas, el total de votos depositados es de 2 millones 578 mil 445, de un padrón de 3.8 millones de nicaragüenses y un abstencionismo del 31.8%, precisó.

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La clave de la crisis está en la abstención, que según la oposición, fluctuó entre 70% y 80%. Indicó que los comicios fueron una farsa con la menor asistencia a las urnas en más de 30 años y expresó el rechazo popular.

Ortega se reeligió por segunda vez consecutiva, y ejercerá un tercer periodo seguido a partir de enero próximo, en lo que será su cuarto mandato presidencial.

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