Prevalece impunidad ante violaciones

El elevado grado de impunidad de que gozan los perpetradores ante los crímenes cometidos en las regiones más vulnerables del planeta, es la causa principal por la que continúan proliferando los escándalos que involucran al personal de mantenimiento de paz de Naciones Unidas, quienes en teoría deberían ser ejemplo de las normas más elevadas de conducta.

Investigadores consultados por EL UNIVERSAL coinciden en que mientras la ONU no cuente con mecanismos independientes de denuncia, investigación y de seguimiento del castigo, sus fuerzas seguirán cometiendo abusos en las zonas donde operan.

“La ONU lleva aplicando durante 10 años una política de cero tolerancia, pero no ha dado resultados, ha llegado el momento de adoptar medidas mucho más firmes (…) porque estos actos no sólo están dañando profundamente a niños y adultos, también la reputación y la integridad de Naciones Unidas”, dice a EL UNIVERSAL Richard Bennett, jefe de la Oficina de Amnistía Internacional en Nueva York.

“Es fundamental crear instrumentos que permitan la denuncia segura y garantizar que las quejas son tratadas con la máxima seriedad, porque eso enviará un claro mensaje de que el comportamiento no es aceptado y no habrá impunidad”.

En conversación con éste diario, Aditi Gorur, Directora del Programa de Protección de Civiles en Conflicto del Centro Stimson, igualmente resalta la urgencia de crear espacios para la denuncia segura, particularmente en los caso del abuso sexual, un crimen ante el cual muchas víctimas optan por el silencio.

“Es muy probable que las denuncias sobre explotación y abuso sexual sean muy inferiores a la realidad, ya que estos crímenes son poco reportados en casi todos los contextos, entre otros, por la barrera del estigma. En el caso de los abusos por parte de las misiones de paz de la ONU, los obstáculos para las víctimas son aún mayores al tratarse de los grupos más vulnerables”.

“La ONU debe adoptar un enfoque proactivo centrado en las víctimas y dirigido no sólo a castigar los autores, también a reparar los daños. Hay que apoderar a las víctimas”, subraya.

Otro factor que contribuye a la impunidad es la falta de voluntad política por parte de los países donantes para castigar a sus enviados al extranjero.

La única medida disciplinaria que puede aplicar la ONU en contra de su personal es repatriarlos y prohibirles tomar parte en futuras operaciones. Por lo tanto, las sanciones disciplinarias y cualquier otra acción judicial contra militares, policías, expertos y representantes de fondos de asistencia adscritos en las misiones de mantenimiento de paz, son responsabilidad de la jurisdicción nacional de la persona implicada, “pero no siempre hay capacidad o voluntad política”, indica Bennett.

“Los países que aportan tropas no están castigando los abusos que cometen sus elementos y eso está contribuyendo al sentimiento de impunidad”, asegura.

Los expertos reconocen que desde el año pasado, como respuesta al escándalo de abuso sexual por parte de cascos azules en la República Centroafricana, han habido avances considerables.

Por ejemplo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, divulgó por primera los países de procedencia de los presuntos autores de los crímenes.

“Este es un paso importante, porque en última instancia la ONU no tiene la autoridad para investigar los cargos contra el personal militar, sólo el país emisor puede llevar estos casos ante los tribunales, y muchos de ellos son reacios a hacerlo”, dice Gorur.

“Nombrar a los países puede ejercer presión internacional sobre ellos para asegurar que los casos son juzgados y se toman medidas disciplinarias contra los culpables. Sin embargo, no es suficiente por sí solo”, apunta.