Familiares de los nueve menores fallecidos en el fallido operativo de News Divine y defensores de derechos humanos solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no dejen en la impunidad este caso y que se castigue al ex titular del Mando Único Policial (Unipol), Guillermo Zayas González, a quien consideran como el principal responsable de la tragedia.

A través de un recurso legal conocido como “amicus curiae”, los familiares de las víctimas, sus representantes legales y organizaciones sociales, solicitaron a los ministros que integran la Primera Sala negar el amparo de manera definitiva a Zayas, quien actualmente se desempeña como Director de Seguridad Pública en el municipio de Ciudad del Carmen, Campeche.

El abogado de la organización Cauce Ciudadano y acompañante de las familias en el proceso legal, Armando Barrera, explicó que en el expediente del caso se demuestra cómo Zayas González decidió por sí mismo y sin causa justificada realizar el operativo en el News Divine, lo que desembocó en la muerte de 12 personas el 20 de junio del 2008, tres de los cuales eran policías de Unipol.

Barrera Cuevas explicó que tras la exoneración y liberación de 11 policías procesados por su participación en el fallido operativo en el News Divine, cinco mandos policiacos fueron declarados sentenciados por su responsabilidad en la muerte de las 12 víctimas, mientras que en el caso de Guillermo Zayas se le dictó auto de formal prisión por los delitos de homicidios y lesiones.

Contra dicha determinación dictada por un juez penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el servidor público interpuso un juicio de amparo, mismo que fue recurrido por Guillermo Zayas y por la Procuraduría Capitalina, por lo que el caso fue remitido al Máximo Tribunal del país para su resolución definitiva.

Por su parte, el Presidente de Cauce Ciudadano, Carlos Cruz, hizo un llamado al Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, para que destituya de inmediato a Guillermo Zayas como mando policiaco en Campeche, ya que es una persona sujeta a proceso penal por violaciones graves a los derechos humanos, destacando que un servidor público bajo investigación no puede considerarse apto para el desempeño de ese cargo y mucho menos sin que le hayan realizado exámenes de control de confianza.

jlcg

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