Luego de que un juzgado ordenara a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina retirar el bloqueo en las inmediaciones de la calle de Bucareli, que alberga el edificio de la Secretaría de Gobernación (Segob), el sacerdote jesuita John Auping Birch, quien interpuso una demanda de amparo en contra de los plantones de la CNTE, recordó que las autoridades tienen la obligación de hacer respetar los derechos de los ciudadanos.

El religioso aseguró que, aunque el derecho a la libre protesta debe ser respetado, también lo debe ser el derecho a la vía pública de las personas y consideró que el "medio justo" sería que "se permitieran manifestaciones que puedan durar sólo unas horas pero no la ocupación permanente de una vía de comunicación".

En entrevista con Luis Cárdenas, para Noticias MVS, Birch subrayó que el amparo es contra la "omisión de las autoridades" y no contra los manifestantes: "el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública para que en ciertas situaciones pueda proteger a los ciudadanos contra violaciones a la ley por terceras personas o grupos".

El entrevistado lamentó la situación que se viven en otros estados del país debido al conflicto magisterial, en el que maestros disidentes piden que la reforma educativa sea "derogada": "los bloqueos en todo el país afectan económicamente por miles de millones de pesos a empresarios. Pienso que en algunas partes de la República se ha llegado a situaciones inaceptables".

El jesuita declaró que en otros países del mundo "lo que suele hacerse es permitir manifestaciones en la vía pública" pero no bloqueos y que si éstos llegan a presentarse "lo que hace la policía es usar cañones de agua o gas para desalojar este tipo de plantones".

Al ser cuestionado sobre lo controvertido del uso de la fuerza, el religioso opinó que las autoridades en México temen "a este tipo de crítca" pero "de que lo pueden hacer, lo pueden hacer" y citó casos, como varias liberaciones de la Autopista del Sol o el desalojo del plantón de la CNTE en el Zócalo, en 2013, en el que protestantes fueron retirados de las calles.

"Lo que no procede es el uso de armas de fuego, ni de parte de los manifestantes ni de parte de la policía", mencionó Birch.

El sacerdote contó que su queja deriva de hace dos meses, cuando manifestantes comenzaron a ocupar la zona: "los manifestantes de aquel entonces se habían ido pero llegaron otros".

Una de las principales molestias del quejoso es que autoridades mantengan bloqueos policiales en Bucareli, ya que el plantón de los maestros disidentes se asiente en la Plaza de la Ciudadela y en la calle en la que se encuentra la Segob "no hay ninguna necesidad de mantener vallas".

jlcg

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