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Doscientos años después de que don Miguel Hidalgo y Costilla ordenara la abolición de la esclavitud y en el marco de las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia, el Poder Ejecutivo Federal expidió un decreto por el que declaró el 19 de octubre como el Día Nacional contra la Discriminación. Ese decreto fue un triunfo simbólico del Conapred, presidido entonces por Ricardo Bucio, para identificar las distintas formas de discriminación que se sufren todavía en el México nuestro, con la esclavitud que se padecía en los últimos años de la Colonia.
Venturosamente, el jueves pasado, la nueva legislatura del Senado de la República le hizo a esa institución —el Conapred— un inédito y generoso homenaje y a través de su presidente, Martí Batres, se comprometió a revisar las leyes que todavía siguen haciendo de México una sociedad de castas. Leyes como las que regulan el trabajo en el hogar y que siguen sometiendo a millones de seres humanos a una condición de sometimiento humillante. Tal como estuvo a punto de suceder el miércoles previo, cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación retiró en el último minuto el proyecto de sentencia que se había presentado para concluir un juicio de amparo en el que se convalidaba sin más la vigencia de esa legislación ominosa. Por fortuna, el ministro Pérez Dayán decidió revisarlo, asumiendo que se trataba de un tema “de una enorme complejidad que ha causado mucha discusión en el seno de la Sala, donde hay algunos puntos de luz con respecto de cómo resolver el asunto”.
Todas las anteriores son buenas noticias, pues expresan la conciencia ganada en ese terreno, así como la intención de los tres poderes para modificar esas condiciones de esclavitud soterrada. Pero de momento no hay más: días nacionales, homenajes, discursos y una posible rectificación de la Corte sobre un caso desgarrador y paradigmático, pero ninguna decisión consumada. ¿Cómo tendría que pasarse del dicho al hecho? ¿Cómo tendrían que honrar esos mismos poderes su compromiso con la igualdad?
He aquí la hoja de ruta: 1) del lado del Ejecutivo, dejar de procrastinar la promesa de enviar al Senado el Convenio 189 de la OIT, que obligaría al Estado a revisar leyes y reglamentos para dignificar el trabajo en el hogar; 2) del lado del Legislativo, aprobar de inmediato ese Convenio internacional y, además, modificar el capítulo trece de la Ley Federal del Trabajo y la legislación en materia de seguridad social, que excluye deliberadamente a quienes realizan trabajos (prácticamente) esclavos en las casas que pueden pagarlos; y 3) del lado del Poder Judicial, honrar su misión de salvaguarda de los derechos fundamentales de todos los mexicanos, negándose a una lectura pacata de las leyes que someten a millones de seres humanos y anulan el texto de la Constitución.
Para combatir la sociedad de castas, los responsables de los poderes públicos tendrían que dejar de enredarse en palabras y actuar de inmediato. Todos saben exactamente lo que tienen que hacer y lo saben desde hace mucho. Es más, en distintos momentos se han comprometido públicamente a tomar esas decisiones. El Ejecutivo lo hizo desde 2014, en voz del secretario de Gobernación —hoy senador por el PRI—, a nombre del presidente de la República; el Senado ha llamado a ratificar el Convenio 189 en dos ocasiones y se ha prometido modificar la legislación que lo niega; y la Corte se ha pronunciado mil veces por la defensa inequívoca de los derechos fundamentales, para proteger a las personas más débiles de la sociedad.
Señoras y señores: se agradecen mucho las expresiones verbales de su compromiso con la igualdad. Pero su misión principal no es hacer discursos, sino honrar su palabra. Tienen en sus manos la abolición de la esclavitud, tienen toda la información y tienen todo el respaldo. ¿Qué están esperando?
Investigador del CIDE