Hay una diferencia fundamental entre un gobierno democrático y uno con vocación autoritaria: el primero entiende que la crítica es parte natural del ejercicio del poder; el segundo la percibe como una amenaza que debe ser controlada. Por eso preocupa que, bajo el argumento de proteger los derechos de las audiencias, el Gobierno Federal impulse lineamientos que pueden terminar convirtiéndose en un mecanismo para presionar, limitar o inhibir el trabajo de periodistas y medios de comunicación. Lo que está en discusión ya no es solamente una regulación administrativa; lo que realmente se debate es hasta dónde puede llegar el Estado para intervenir en la conversación pública.
Toda democracia necesita reglas. Nadie discute que los medios deban actuar con responsabilidad, que exista el derecho de réplica o que la ciudadanía tenga acceso a información de calidad. El problema aparece cuando esas reglas dejan de servir a los ciudadanos y comienzan a servir al poder. Los conceptos ambiguos, las facultades discrecionales y los organismos cuya independencia genera dudas siempre representan un riesgo, porque permiten que la ley se interprete según la conveniencia política del momento. La incertidumbre jurídica nunca protege las libertades; las debilita.
La experiencia internacional demuestra que el autoritarismo rara vez llega de golpe. Normalmente avanza paso a paso, debilitando los contrapesos que limitan al poder. Primero se desacredita a quienes imparten justicia. Después se eliminan o capturan los organismos autónomos que vigilan al gobierno. Más tarde se descalifica a la sociedad civil organizada. Y finalmente se busca controlar el espacio donde todavía existe la posibilidad de cuestionar al poder: los medios de comunicación y la opinión pública. Cuando todas las voces críticas comienzan a recibir presiones desde el Estado, la democracia empieza a perder oxígeno.
En México esa secuencia resulta difícil de ignorar. Primero fuimos testigos de una profunda transformación del Poder Judicial que despertó serias dudas sobre su independencia. Después desaparecieron instituciones autónomas que durante años funcionaron como contrapesos democráticos. Ahora aparecen lineamientos que, aunque se presentan como una protección para las audiencias, podrían abrir la puerta para que el gobierno tenga una influencia cada vez mayor sobre el contenido que se difunde en radio y televisión. Visto de manera aislada, cada cambio puede parecer justificable; observados en conjunto, muestran una preocupante concentración del poder.
Existe además una contradicción evidente. Quienes hoy buscan establecer mecanismos para combatir la supuesta desinformación son los mismos que, desde la conferencia matutina del gobierno, realizan diariamente afirmaciones políticas, descalificaciones y acusaciones sin que exista un mecanismo equivalente de revisión o un derecho de réplica efectivo para quienes resultan señalados. Si realmente el objetivo fuera garantizar información veraz, la exigencia tendría que comenzar por el propio gobierno. La verdad no puede exigirse únicamente a quienes fiscalizan al poder mientras se tolera que el poder quede exento del mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.
Lo que México necesita no es un gobierno con mayores facultades para supervisar el trabajo periodístico. Lo que necesita son periodistas más protegidos frente a la violencia, la intimidación y las amenazas que diariamente enfrentan por investigar a la delincuencia organizada, la corrupción o los abusos del poder. Nuestro país continúa siendo uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. La prioridad debería ser garantizar su seguridad, fortalecer los mecanismos de protección, investigar las agresiones y terminar con la impunidad, no crear nuevas herramientas que puedan aumentar la presión sobre quienes cumplen una función esencial para la vida democrática.
Una prensa libre nunca será cómoda para quienes gobiernan, y precisamente esa es su razón de ser. El periodismo no existe para aplaudir al poder, sino para vigilarlo. Las investigaciones periodísticas han permitido conocer casos de corrupción, conflictos de interés, desvíos de recursos públicos, violaciones a derechos humanos e incluso posibles vínculos entre servidores públicos y grupos criminales. Sin ese trabajo independiente, la ciudadanía tendría menos información para exigir cuentas a quienes toman las decisiones públicas.
Por ello, cualquier regulación en materia de telecomunicaciones debe construirse escuchando a periodistas, especialistas, académicos, concesionarios, organizaciones civiles y defensores de la libertad de expresión. Las reglas que afectan un derecho fundamental no pueden elaborarse únicamente desde el gobierno ni responder a una lógica de control político. En una democracia madura, la pluralidad no se administra; se garantiza.
La libertad de expresión nunca ha sido un privilegio de los medios de comunicación. Es un derecho de todos los ciudadanos. Cada vez que un periodista es silenciado, una investigación se deja de publicar o una voz crítica opta por callar para evitar represalias, quien realmente pierde no es un medio de comunicación: pierde toda la sociedad.
México necesita gobiernos capaces de soportar la crítica, no gobiernos que intenten administrarla. Necesita instituciones independientes, periodistas protegidos y ciudadanos libres para formarse su propio juicio. Porque cuando el poder deja de aceptar preguntas incómodas, la democracia comienza a retroceder. Y cuando la libertad de expresión se convierte en objeto de control gubernamental, el siguiente paso nunca es más democracia, sino menos libertad.
Defender una prensa libre no significa defender a un medio o a un periodista en particular. Significa defender el derecho de todos los mexicanos a conocer distintas versiones de la realidad, a cuestionar a quienes gobiernan y a exigirles cuentas. Esa es la esencia de cualquier sociedad democrática. Y mientras existan ciudadanos dispuestos a defender la libertad antes que el silencio, sí es posible.
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