En política suele ocurrir que la forma en que se construye una agenda legislativa revela mucho más sobre las prioridades de un gobierno que sus propios discursos. Lo que se discute importa, pero lo que deliberadamente se decide no discutir también. Y eso fue precisamente lo que quedó evidenciado durante el reciente periodo extraordinario del Congreso de la Unión.
Mientras México enfrenta una de las crisis más profundas de seguridad, violencia política e infiltración criminal de las últimas décadas, el debate legislativo se concentró en reformas relacionadas con la elección judicial, nuevos mecanismos de revisión de candidaturas y causales de nulidad electoral por supuesta intervención extranjera. Temas importantes, sin duda, pero que contrastan con una realidad que avanza silenciosamente y que representa una amenaza mucho más inmediata para la democracia mexicana: la creciente capacidad del crimen organizado para influir en elecciones, campañas, candidaturas y gobiernos.
La discusión sobre la soberanía nacional siempre debe ser tomada con seriedad. Ningún país democrático puede permitir interferencias externas en sus procesos electorales. La defensa de las instituciones nacionales es una obligación permanente del Estado. Sin embargo, resulta inevitable preguntarse si hoy la principal amenaza para la democracia mexicana proviene realmente del extranjero o si se encuentra dentro de nuestras propias fronteras.
Los datos son preocupantes. De acuerdo con diversos informes de organizaciones especializadas en violencia política, durante el proceso electoral de 2024 se registraron más de cien agresiones contra aspirantes, precandidatos y candidatos en distintas regiones del país. Decenas de ellos fueron asesinados. Municipios completos vivieron procesos electorales bajo condiciones de intimidación, amenazas o presencia activa de grupos criminales. En múltiples estados existen investigaciones periodísticas, reportes de inteligencia y señalamientos públicos sobre la capacidad que tienen organizaciones delictivas para influir en decisiones políticas locales.
Ese fenómeno debería ocupar el centro del debate nacional. Porque una democracia deja de ser plenamente libre cuando una candidatura se define bajo amenaza. Cuando una campaña se financia con recursos ilícitos. Cuando una autoridad electa responde más a intereses criminales que a los ciudadanos. Cuando una comunidad vota bajo miedo. Y cuando el Estado pierde la capacidad de garantizar condiciones mínimas de libertad política.
Sin embargo, mientras esa realidad avanza, las reformas recientemente aprobadas decidieron concentrarse en mecanismos para beneficiar al oficialismo. Particularmente preocupante resulta la incorporación de nuevas causales de nulidad electoral vinculadas con conceptos como “intervención extranjera” o “injerencia externa”, términos que, aunque legítimos en principio, carecen todavía de una delimitación suficientemente precisa.
El problema de los conceptos ambiguos en materia electoral es que pueden abrir espacios para interpretaciones discrecionales. ¿Quién determinará exactamente qué constituye una intervención extranjera? ¿Dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza la injerencia? ¿Podrían investigaciones periodísticas internacionales, informes de organismos multilaterales o posicionamientos de organizaciones de derechos humanos ser utilizados como elementos para judicializar procesos electorales?
La incertidumbre jurídica nunca fortalece la democracia. Por el contrario, la debilita. Más aún cuando estas nuevas reglas conviven con un modelo judicial que continúa generando dudas sobre su nivel de independencia. A casi dos años de la reforma judicial, muchas de las preocupaciones expresadas por especialistas siguen vigentes. El país continúa discutiendo ajustes, correcciones y modificaciones a un modelo que no ha logrado disipar las dudas sobre la autonomía de quienes deberán interpretar precisamente estas nuevas disposiciones electorales.
Pero más allá de la discusión técnica, existe una pregunta de fondo que el país no puede seguir postergando: ¿por qué resulta tan difícil construir consensos para combatir con firmeza la infiltración criminal en la política?
México sigue sin contar con mecanismos constitucionales robustos para anular elecciones cuando exista participación comprobada del crimen organizado. Sigue sin existir una discusión amplia sobre sanciones efectivas para partidos que postulen candidatos vinculados con estructuras criminales. Sigue pendiente el fortalecimiento de herramientas de inteligencia electoral que permitan detectar financiamiento ilícito y proteger a candidatos amenazados por grupos delincuenciales.
En otras palabras, seguimos legislando sobre riesgos potenciales mientras convivimos con amenazas reales. La soberanía nacional no se defiende únicamente frente a presiones externas. También se defiende cuando el Estado impide que grupos criminales capturen territorios, financien campañas, impongan candidatos o condicionen gobiernos. La soberanía se fortalece cuando las instituciones son capaces de garantizar elecciones libres, autoridades legítimas y justicia independiente.
Porque al final, la amenaza más grave para cualquier democracia no proviene de quien opina desde fuera de sus fronteras. Proviene de quienes, desde dentro, buscan sustituir la voluntad ciudadana por el miedo, la violencia y el control territorial. México necesita instituciones fuertes, reglas claras y elecciones libres de cualquier intervención indebida, venga de donde venga. Pero si de verdad queremos defender nuestra democracia, primero debemos tener la valentía de enfrentar la injerencia que hoy resulta más evidente, más documentada y más peligrosa: la del crimen organizado en la vida pública nacional.