En un país donde la educación debería ser la principal herramienta para cerrar brechas de desigualdad, combatir la pobreza y construir un futuro competitivo, la reciente decisión de la Secretaría de Educación Pública de recortar más de un mes al calendario escolar 2025-2026 representa una muestra alarmante de improvisación gubernamental y una peligrosa señal sobre las verdaderas prioridades del oficialismo.
Adelantar el cierre del ciclo escolar del 15 de julio al 5 de junio, bajo argumentos como el Mundial de Futbol 2026, las altas temperaturas o ajustes administrativos, no solo reduce días efectivos de aprendizaje para millones de estudiantes, sino que refleja una visión profundamente superficial de uno de los mayores desafíos nacionales: la crisis educativa.
La medida impactará directamente a más de 29 millones de estudiantes de educación básica y media superior en todo el país, generando periodos vacacionales que podrían extenderse hasta 87 días. Esto ocurre en un contexto donde México enfrenta uno de sus peores momentos en materia educativa. Los resultados internacionales son contundentes: la prueba PISA evidenció una caída histórica en el desempeño académico nacional, mientras que dos de cada tres estudiantes mexicanos no alcanzan conocimientos básicos en matemáticas, una cifra que debería encender todas las alarmas institucionales.
Sin embargo, en lugar de fortalecer la enseñanza, ampliar horarios escolares o implementar estrategias técnicas para revertir el rezago postpandemia, el gobierno opta por reducir tiempo en las aulas. Es una contradicción grave. Mientras las principales economías del mundo invierten en ciencia, tecnología, innovación y fortalecimiento educativo, México parece avanzar en sentido contrario, sacrificando formación por decisiones administrativas carentes de planeación seria.
El argumento del Mundial resulta particularmente endeble. Solo tres ciudades mexicanas serán sede de partidos, pero la afectación se extiende indiscriminadamente a todo el territorio nacional. Es decir, millones de estudiantes en regiones completamente ajenas a la operación del evento deportivo pagarán el costo educativo de una logística que pudo resolverse sin alterar de forma tan drástica el calendario escolar nacional.
Las consecuencias sociales también son profundas. Para millones de familias trabajadoras, especialmente madres solteras o padres con jornadas laborales extensas, este ajuste representa más de 40 días adicionales de cuidados no previstos, con costos económicos que muchas familias simplemente no pueden solventar. Guarderías, cursos de verano o alternativas privadas quedan fuera del alcance de una gran parte de la población, ampliando desigualdades y trasladando el peso de la improvisación gubernamental directamente a los hogares mexicanos.
La situación resulta aún más preocupante cuando se observan las condiciones estructurales del sistema educativo nacional. Más de 54 mil escuelas carecen de acceso regular al agua, alrededor de 25 mil no tienen electricidad, y miles operan sin internet o en condiciones de deterioro severo. Frente a esta realidad, la verdadera prioridad debería ser rehabilitar infraestructura, recuperar escuelas de tiempo completo, fortalecer docentes y garantizar entornos dignos de aprendizaje, no reducir clases.
La educación no puede seguir siendo rehén de decisiones políticas, propagandísticas o de coyuntura. Cada día perdido en las aulas representa una oportunidad menos para que millones de niñas, niños y jóvenes desarrollen habilidades fundamentales para enfrentar un mundo cada vez más competitivo. El Mundial dura unas semanas; el daño educativo puede durar generaciones.
México necesita más educación, no menos. Más preparación, no más ocurrencias. Más inversión estratégica, no decisiones improvisadas que hipotecan el futuro por conveniencia política. Defender la educación no es un tema partidista; es defender el derecho de las próximas generaciones a contar con mejores herramientas, mayores oportunidades y un país más fuerte.
Porque cuando un gobierno reduce días de clase en medio de una crisis educativa, no está administrando mejor. Está renunciando a su responsabilidad con el futuro. Y cuando se juega con la educación de millones, no hablamos de ajustes técnicos. Hablamos de retrocesos históricos.
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