Cancha pareja, nadie quiere estar en desventaja

En el fragor de la contienda electoral por la Presidencia en 2012, los candidatos de la alianza Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, y del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, intercambiaron duras e idénticas acusaciones en torno a la utilización de propaganda gubernamental para promover sus candidaturas cuando fueron, uno gobernador del Estado de México y el otro Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Antes de la toma de posesión del presidente Peña Nieto, se llevó a cabo un par de reuniones, en las que participé, entre académicos y organizaciones civiles con su equipo de transición a propósito del tema. Parecía haber interés en escuchar críticas al respecto pero poca disposición a poner el ejemplo desde el ejecutivo ante los estados, en donde gobernadores de todos los colores también han utilizado la publicidad oficial como herramienta de promoción política.

Empiecen ustedes, decíamos. Nos vamos a quedar en desventaja, respondieron. La delegación del equipo de transición del entonces presidente electo era encabezada por Jorge Carlos Ramírez Marín y Enrique Ochoa Reza. Ahora que llovieron impugnaciones al acuerdo de cancha pareja aprobado por el INE el 20 de julio, llama la atención que, además de encabezar la lista la Consejería Jurídica de la Presidencia y siete gobernadores, se hayan también inconformado ante el Tribunal 193 legisladores del PRI, 14 del PVEM, 8 del PAN, 4 de Movimiento Ciudadano y 1 del PRD, bajo el mismo argumento de hace 5 años: No nos vamos a quedar en desventaja. Bueno, hasta una “ciudadana” que resultó ser asesora de la diputada local por Morena en Quintana Roo, Silvia Vázquez Pech, impugnó el acuerdo de Cancha Pareja.

Tras su asunción, el presidente Peña se comprometió a regular el uso de la propaganda gubernamental, vino la reforma electoral de 2014 y su transitorio tercero establecía el plazo límite de abril de aquel año para que el Congreso aprobara la reglamentación del Art. 134 y ordenara, de una buena vez, la manera en la que se ejerce el presupuesto de comunicación social en las partidas gubernamentales. A la fecha no ha pasado absolutamente nada en la materia.

El jueves el TEPJF nos recordó que, por omisión, seguirá siendo facultad del Congreso perpetuar el uso de la propaganda gubernamental como la herramienta ideal de comunicación para posicionar la imagen de quien aspire a ocupar un cargo o del partido que lo postule. Cada espectacular, cadena nacional, o tuit promocionado envueltos en un reciclado celofán de “rendición de cuentas” serán parte del sinuoso camino al 1 de julio de 2018.

Cinco de los siete magistrados de la Sala Superior argumentaron que el INE no tiene facultades para corregir algo que nadie parece motivado a reglamentar y que constituye un litigio permanente entre los partidos incapaces de definir las reglas a las que debe ceñirse la propaganda gubernamental.

El argumento jurídico adolece de circularidad. El Estado democrático de derecho que nos hemos dado impide que un órgano autónomo regule lo que sus regulados no han querido reglamentar.

Así vamos a la elección más compleja en la historia democrática del país. La consecuencia es clara, más promoción personalizada 7 días antes y 5 después de los informes de labores de servidores públicos que aspiren a una candidatura. También, claro está, aquellos que han dejado de serlo pero que se han convertido en prolíficos cuentacuentos autobiográficos. Ya sabe usted que en México los programas de gobierno están hechos de anécdotas familiares y pasajes de la infancia más tierna.

Ahora el Congreso, convertido en la FIFA, para seguir con la metáfora futbolera, ha obligado al árbitro a sancionar una de las faltas más recurrentes en el viejo oeste electoral mexicano caso por caso, en lugar de contar con una base reglamentaria transversal. Lloverán quejas e insultos y se buscará responsabilizar al INE para debilitar la contundencia de su arbitraje. Sin embargo, la autoridad electoral está obligada a utilizar todas sus facultades constitucionales para frenar la trampa electoral. Eso pide la ciudadanía y eso es lo que el INE está obligado a realizar en el futuro.

Investigador del CEIICH-UNAM y asesor
del presidente consejero del INE