Sobre la autonomía universitaria

Jorge Islas

El lamentable doble homicidio que se registró la semana pasada en las instalaciones del campus central de CU de la UNAM, ha puesto sobre la mesa una doble discusión que es de alto interés público, seamos o no universitarios.

Es un tema que atañe a todos directa o indirectamente, y en consecuencia se debe buscar una solución que mejore en el corto plazo la seguridad de la comunidad universitaria, y en el mediano y largo plazos, se intente reducir el impacto negativo del comercio informal de estupefacientes. Así como los estragos que genera un mercado que no dejará de ser violento si no se cambian los incentivos que estimulan su operación. ¿Hasta cuándo se darán cuenta de esta realidad? ¿Necesitamos otras 150 mil personas muertas?

En primer lugar, se vuelve a generar un debate sobre los alcances de la autonomía universitaria y su relación con el Estado para resolver asuntos que son competencia tanto del orden común como federal. Para algunos, la autonomía universitaria representa un sinónimo de independencia, de soberanía, de extraterritorialidad, de anarquía o peor aún, de impunidad. También creo que algunos la confunden con negligencia u omisión en el cumplimiento de los deberes, en especial cuando hay de por medio un proceso electoral complejo. Nada más equivocado. Para otros es la perfecta justificación con la que eluden asumir sus responsabilidades institucionales, en específico garantizar seguridad a una de las instituciones más importantes del Estado mexicano.

La autonomía es un medio con el que el poder revisor de la Constitución dotó a las Universidades, para que puedan alcanzar los fines que persigue toda institución de educación superior pública, en educación, investigación y difusión de la cultura; el medio idóneo para garantizar el efectivo ejercicio del derecho humano a la educación superior. Su naturaleza es esencialmente académica, por lo que no puede ni debe interpretarse que en el ámbito de su autonomía, la UNAM asuma labores y acciones que le corresponden por ley a otras instituciones que tienen como fin aplicar la fuerza coactiva del Estado. Son cosas totalmente diferentes, en principios, medios y fines.

El hecho de sugerir que sean policías armados los que patrullen la UNAM en lo subsecuente, creo que es una mala idea que no va a resolver en mucho el actual estado de las cosas. Por el contrario, puede generar más actos violentos con otros efectos colaterales que pudieran afectar a integrantes de la comunidad universitaria que nada tienen que ver con estos temas. Un buen ejemplo del fracaso de estas políticas lo tenemos a la mano, con la estrategia de enfrentamiento que ha llevado a cabo el gobierno en su lucha contra el narcotráfico desde el año 2006. El resultado ha sido catastrófico, dado que no se redujo ni el consumo, ni la violencia que se desprende precisamente de esta guerra fallida. No es con balas como se va a resolver este problema. Otros países han recurrido a otras prácticas, con otras estrategias, y lograron reducir tanto consumo como violencia entre grupos. Portugal, Holanda y Uruguay tienen buenos datos que nos pueden enseñar que hay otros caminos por recorrer.

Pero ante la falta de un marco jurídico eficaz, ¿qué opciones quedan? Coincido con el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, al sugerir que las instancias de prevención y procuración de justicia son las responsables de actuar en la prevención y persecución del delito, incluyendo las universidades públicas. También creo que las instituciones de inteligencia pueden apoyar para que de manera integral, coordinada, comunicada y en estrecha colaboración, lleven a cabo las acciones que ofrezcan las mejores condiciones de protección y estabilidad que requiere una comunidad que trabaja también por la preservación del Estado por medio de la educación, la investigación y la difusión de la cultura.

Académico de la UNAM y ex abogado general 2004-2008

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