Demolición institucional: ¿causas?

México atestigua un periodo casi sin precedente de demolición institucional e implosión de su clase dirigente. Ésta ha recibido mucha atención de analistas y de mexicanos preocupados por lo que acontece en el país. La demolición no surgió de repente; se vino gestando y construyendo desde hace varios años. Por eso, tras su descripción, sigue la pregunta de qué la explica.

Las sociedades funcionan en paz con base en acuerdos, que dan origen a normas, instituciones, y reglas de convivencia entre grupos políticos diversos y hasta antagónicos. Pero ese proceso no se da por generación espontánea, sino por la interacción continua y constructiva de individuos de todos los ámbitos, sobre todo de la política.

La gran mayoría de hechos que ahora se describen como muestra de la demolición de instituciones, surgieron de ese proceso de interacción política y social. De ahí que sea indispensable preguntarse ¿qué es lo que ha llevado a esta destrucción? Los individuos en sociedad actúan por sí mismos y por sus decisiones colectivas; las personas en el poder actúan también por medio de otras, que impulsan en sus equipos, así como por medio de los procesos que establecen para elegir legisladores y designar servidores públicos (colaboradores). Su actuación también resulta de los procesos que siguen para integrar el gobierno, en su sentido más amplio. Por eso, la demolición institucional tiene responsables, más fáciles o difíciles de identificar.

En buena medida, como una anomalía, la destrucción institucional revela que hay procedimientos equivocados, la selección de personas no aptas para las responsabilidades que se les encomendaron, la complicidad de grupos diversos que, con tal de lograr acuerdos, transigen acerca de las cualidades de esas personas, o están dispuestas al trueque de beneficios personales, recurriendo a corrupción.

El colapso institucional es devastador, sólo comparable quizá con el que se vivió al final del sexenio de López Portillo, tras la estatización de la banca. Algunos de los asuntos en curso, como el periplo para la destitución del magistrado Jesús Luna, nombramientos de personas que no cumplen con los requisitos de ley en puestos clave como el Inegi y PGR, el protagonismo cínico de quienes han impedido, de un bando y del otro, las designaciones pendientes en el Sistema Nacional Anticorrupción; la impunidad que se observa en la mayoría de casos de corrupción de altos niveles de la administración pública federal, gobernadores, y presidentes municipales, todo esto y más es signo de la devastación institucional en curso.

La contienda política de hoy se basa en una guerra de descalificaciones, que desprestigian no sólo a los individuos en cuestión, sino a los políticos en general. La destrucción de la reputación de “los políticos” es tal que algunos aspirarían a un gobierno sin políticos, como si eso fuera posible. Se vive un conflicto sordo pero creciente entre el empresariado y el gobierno federal, con desencuentros públicos entre el propio Presidente de la República y figuras heráldicas del CCE. Se denuncia la complicidad de algunas universidades para desviar recursos públicos, mediante contratos simulados. Se ha agotado la capacidad para asombrarse ante la inacción de funcionarios, de todos los ámbitos de gobierno, para mejorar los cuerpos policiacos del país, lo que explica en buena medida que la inseguridad esté peor que en 2012, a pesar de que en este año han muerto más de 21 mil personas por el combate al crimen organizado. Y como muestra suprema de la demolición de instituciones, está la tragicomedia de mantener acéfalas a la PGR, la FEPADE, y la Fiscalía Anticorrupción.

Sería ingenuo pensar que esa devastación podría pasar inadvertida para los principales líderes públicos y privados en México, ya que con frecuencia la propician, inducen y ejecutan. La demolición institucional no es obra de un hombre o de un pequeño grupo de políticos. Resulta de la acción expresa o de la complicidad de muchos individuos, de todos los ámbitos de la sociedad.

Esa es la gran dificultad que enfrenta México ahora. Detener esa destrucción y reconstruir, exige un cambio amplio y profundo de actitudes y prácticas, de muchas personas y organizaciones en los sectores público, privado, y social. Se requiere una elección con programas y planillas.

Socio fundador de GEA Grupo de
Economistas y Asociados / StructurA