Por diversos motivos, entre otros las restricciones impuestas por la ley (y el INE) para que los precandidatos hagan propuestas antes de que se inicien las campañas (marzo 30), la ciudadanía vive un periodo de gran frustración política.

Por una parte, aumenta la ansiedad que deriva de que transcurra el tiempo, se acerquen las trascendentales elecciones de julio próximo, y los candidatos se limiten a descalificarse mutuamente, sin hacer propuestas sustentadas. Por otra, la ciudadanía vive una crisis en materia de seguridad y una avalancha de casos no resueltos de corrupción. Esto alimenta su sentimiento de frustración y enojo. Mientras, las redes sociales hierven con elementos efímeros.

Como los precandidatos no plantean una agenda atractiva, queda a la ciudadanía hacerlo. Quizá convenga empezar con un tema de la mayor relevancia: la situación en materia de Estado de Derecho, y la visión y compromisos de los precandidatos para hacerlo realidad durante el próximo gobierno. ¿Por qué no utilizar las redes sociales para determinar, de entrada, el grado de apego de cada candidato al Estado de Derecho? Que los ciudadanos informen y denuncien, con base en evidencia, casos y situaciones en que, a su saber, los candidatos actuaron con cuestionado apego a la ley, en lo personal o durante su actuación pública.

Es muy difícil, si no imposible, que un personaje público del calibre de los precandidatos, hubiese incumplido la ley sin que una o varias personas se hubieran enterado. Sería por demás relevante conocer aquéllas actuaciones, públicas o privadas que, a juicio de los ciudadanos, no se hicieron con pleno apego a la ley, o aquéllas en las que fueron omisos en cuanto a impulsar un mayor cumplimiento de la misma. Qué mejor manera de integrar expedientes públicos en esta materia, que a su vez se vuelvan objeto del escrutinio de los ciudadanos.

Eso proporcionaría material duro para fijar los alcances y parámetros de una eventual discusión durante la campaña. El asunto es suficientemente relevante para que no se diluya o tergiverse, la evidencia y opiniones están ahí, sólo falta reunirlas, sistematizarlas, y utilizarlas para establecer los términos de un debate político indispensable y por demás pertinente.

Hasta ahora, algunos precandidatos han sido elusivos acerca de este asunto, que probablemente no les preocupe por igual, pues algunos tendrán en la memoria más actuaciones contrarias al Estado de Derecho que otros. Eso lo debe conocer la ciudadanía para que lo incorpore al determinar su preferencia electoral. ¿En qué grado los candidatos se apegan a derecho y no sólo eso, sino que consideran y practican el apego a la legalidad como un elemento central para el buen gobierno?

En paralelo, la metodología que se propone, acudir a las redes sociales para recabar la información y las opiniones, representaría una oportunidad para que ese medio de comunicación tan efectivo, con sus virtudes y deficiencias, hiciera una contribución directa a un debate más ordenado de este tema. Podría anticiparse incluso que sería un divertimento, justo cuando, desgraciadamente, los mexicanos están ayunos de ideas y propuestas por parte de los precandidatos.

Desde noviembre de 2015, en este mismo espacio se señaló que la fragilidad del Estado de Derecho subyace algunos de los males más graves que padece México, como la inseguridad y la corrupción. También, que en su situación actual, el cumplimiento del Estado de Derecho desincentiva las inversiones y la actividad económica. Todo eso, que es válido, está subordinado a la convicción que tenga cada uno de los candidatos respecto a la importancia de vivir en un Estado de Derecho pleno. Eso es lo que es indispensable conocer.

Presidente de GEA Grupo de Economistas
y Asociados / StructurA

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