Ayotzinapa, 2 de octubre, tráilers llenos de cuerpos, dos casos más de periodistas asesinados y más descubrimientos de fosas. Las últimas semanas se han visto marcadas por fechas conmemorativas que rememoran actos de injusticia y violencia desmedida. A la par, seguimos leyendo sobre los horrores acumulados y sobre la literal descomposición de algunas zonas del país en tráilers frigoríficos y campos minados de cuerpos. Cuando parece que puede existir un poco de justicia, leemos sobre el procedimiento abreviado en el caso de Javier Duarte y sobre la decisión de seguir esta vía debido a que la carpeta de investigación contenía pruebas que podían ser desechadas en un juicio.

Si uno analiza estos casos, el común denominador de todos ellos es la impunidad. Incluso en el caso de Javier Duarte puede alegarse que la insuficiencia en las consecuencias y sanciones por un acto ilícito constituye impunidad. Sin embargo, el tema de la impunidad es tan amplio y complejo que hablar de impunidad en general es insuficiente. Para que no lo sea hay que relacionarlo con otros problemas y con instancias concretas en que la impunidad permea. Por ejemplo, la relación entre impunidad y corrupción, o la forma en que el sistema de procuración e impartición de justicia generan impunidad. Otro tema es el tema de la impunidad para funcionarios que cometen irregularidades y que dañan con ello a las instancias públicas en las que trabajan. Todos estos problemas acaban teniendo como consecuencia la impunidad en actos que nos afectan a todos, como la inseguridad y la violencia.

No es fácil encontrar las respuestas a estos problemas, pero es urgente iniciar un diálogo en torno a estos temas por los cambios legislativos e institucionales que se vienen anunciado y proponiendo. Respecto al tema de impunidad en actos de corrupción es necesario prestar atención a la iniciativa en el Senado de Morena de contemplar los actos de corrupción en el catálogo de delitos para los que se ofrece prisión preventiva oficiosa. Este tipo de propuestas que apelan más al sentido popular son peligrosas pues dejan de lado la cantidad de evidencia que indica que este procedimiento no influye en una disminución de los actos de corrupción y en la engañosa concepción de hacer creer que la prisión preventiva oficiosa equivale a dictar una sentencia por un acto de corrupción.

Un ejemplo de este tipo de diálogos es el “Foro sobre impunidad: reflexiones universitarias” que tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de octubre en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El objetivo del foro es empezar a dialogar entre miembros de la academia, la sociedad civil, la comunidad universitaria y la sociedad en general sobre los problemas que acompañan a la impunidad para poder hacerle frente.

A veces, es difícil encontrar un motivo de aliento y de esperanza para seguir leyendo, investigando y trabajando por hacer de México un país más justo. Sin embargo, las rememoraciones de actos de injusticia se originan en la insistencia de un grupo de personas por no olvidar. No olvidar es importante, pero también lo es analizar y dialogar en torno a estos problemas para intentar que no vuelvan a ocurrir. Es momento de dejar de ver la impunidad como un problema general en abstracto y empezar a discutirlo y entenderlo a profundidad para poder combatirlo.

Directora ejecutiva
de Impunidad Cero

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