La austeridad de Estado anunciada por el presidente electo coloca en el centro de la atención pública la discusión interminable sobre el orden político necesario para un México democrático. Si alguna deuda pendiente ha dejado la “transición” esta es la edificación de un Estado democrático de derecho que nunca llegó con los gobiernos posteriores a la hegemonía del PRI y que dudosamente llegará en los años por venir.

La idea de reducir los salarios de los funcionarios del Estado es muy popular. Los excesos de la alta burocracia, la corrupción impune (que desgraciadamente será perdonada) y la licencia para la impunidad de las autoridades forman una costra purulenta en la imaginación colectiva. Esa política es aplaudida por los que honestamente creen en ella, por quienes la ven como una medida justiciera y hasta revanchista o por los que astutamente esperan que esa política contribuya aún más al desmantelamiento del Estado. Entre los últimos están, por cierto, los “neoliberales” a quienes se dice combatir.

Corrupción e impunidad son lacras que ya no se aguantan y que no deberían ser toleradas antes, ahora o después. Pero la política de reducción de los salarios de los funcionarios del Estado toma al toro por el rabo; con ella lo que debería estar de cabeza se pone al revés. El problema principal de la mala calidad del servicio público son los magros ingresos de la burocracia media y baja y la distancia que los separa de los funcionarios altos. A esa precariedad se agregan la arbitrariedad y el despotismo de los mandos a medida que se sube en la cadena “alimenticia” de la burocracia, el desorden y la duplicidad administrativos y de costos, la pésima normatividad y el bajo nivel profesional de la mayor parte de los funcionarios públicos. Con excepción de un puñado de instituciones, en México no existe el servicio civil de carrera. No les conviene a los de arriba ni dentro ni fuera de las instituciones de gobierno en los tres poderes. Lo prueba la reiterada resistencia y evasión a darle cumplimiento efectivo a la ley correspondiente.

Achatar desde arriba la podrida y obsoleta estructura administrativa no ayudará a su regeneración, más bien la hará presa de la cultura de la pobreza en el más extenso sentido del adagio popular: “tú haces como que me pagas y yo hago como que trabajo”. Además, ahuyentará a los funcionarios de mejor nivel y preparación y cortará de cuajo sus horizontes de vida familiares y personales.

Sí, es preciso poner un alto a la corrupción y la impunidad en el sector público, pero también hay que evitar el éxodo de buenos funcionarios hacia el sector privado y al extranjero, y profesionalizar a los servidores públicos de todos los niveles. La “justa medianía” no se puede medir con el sueldo al que el presidente electo dice que se limitará. Se tiene que usar una vara objetiva de cómo opera el mercado profesional y de qué hace falta para que el Estado se desempeñe con excelencia en el cumplimiento de su función esencial: proveer los bienes públicos que necesita el país, desde la seguridad hasta el más elemental de los servicios públicos en el más humilde municipio del país. Si el Estado ha de ser una herramienta fundamental para la transformación del país, requerimos de una mejor y no de una peor estructura y capacidad administrativa. Lo que importa son las capacidades del Estado para servir al público. Hay un riesgo latente en la declarada política de austeridad: degradar el servicio público y alentar aún más su desprestigio.

La esperanza en los ahorros conseguidos con poner a dieta a los mandos altos podría llevar a la austeridad republicana sí, pero de república bananera. Decía un viejo y ya finado profesor universitario que él no era marxista “para vivir como los proletarios, sino para que los proletarios vivieran como él”. La urgencia de contar con un Estado competente y honrado no puede confundirse con la mediocridad que lo castre en sus competencias. Me temo que ese puede ser el efecto indirecto de las buenas intenciones esgrimidas para apaciguar la indignación. Ese no puede ser el Estado que queremos construir.

Académico de la UNAM. @pacovaldesu

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