Seguimos premiando la irresponsabilidad

La piedra angular del proyecto de seguridad del presidente López Obrador, la Guardia Nacional (GN), quedó finalmente aprobada por el Congreso, el pasado 28 de febrero.

Ahora, para que pueda ser promulgada deberá ser aprobada por al menos 17 congresos locales, sobra decir que esto sucederá sin problema.

No es ningún secreto que los gobernadores le dieron la bienvenida a este proyecto, y que, a su vez, la GN es apoyada por un alto porcentaje de la sociedad.

En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), desde el principio manifestamos nuestras dudas -dicho sea de paso, como en su momento lo hicimos con el uso de las fuerzas armadas de Calderón, la Gendarmería y la Ley de Seguridad Interior de Peña- a una idea que se sustenta en un diagnóstico parcialmente falso y que carece de un proyecto real.

Para el ONC, la oposición a que el país abandone la vía civil de la seguridad a favor de una absoluta militarización no es un tema ideológico, se sustenta en análisis de los riesgos y en la ausencia de una ruta crítica.

El diagnóstico que da pie a la necesidad de una Guardia Nacional es en gran medida falso: “Tenemos a una Policía Federal (PF) corrupta e ineficiente compuesta por 20,000 elementos”; “los militares están más preparados para enfrentar el reto”; “con la GN vamos a pacificar el país”. Si la PF tiene sólo 20 mil elementos ¿por qué luego declaran que la GN incorporará a los 38 mil policías federales?

Ante estos argumentos, un análisis objetivo nos lleva a concluir que la supuesta corrupción e ineficiencia de PF no se va a resolver cambiándoles de uniforme, y hasta el momento, ninguna autoridad involucrada en la construcción de la GN ha demostrado que exista un plan de depuración de la institución, y menos aún de profesionalización para subsanar la supuesta ineficacia además, nadie habla de la corrupción que también existe en el Ejército y, que una vez que éste tenga una mayor interacción con la ciudadanía, tenderá a crecer.

El perfil de ingreso, la capacitación y actualización de la Policía Federal es por mucho, superior a la del Ejército, si no es así ¿por qué la PF ya está capacitando a los militares para que se integren la GN?

La GN está planeada para atender los delitos federales (narcotráfico, robo de hidrocarburo, robos en terrenos, carreteras federales, resguardo de las fronteras), es decir, menos del 10% del total de delitos que ocurren en el país, y no para combatir los robos a transeúnte, a casa habitación, a negocio, de vehículo, violaciones, extorsiones y secuestros, estos es, más del 90% de los delitos ¿López Obrador piensa que se logra pacificar al país, olvidando lo que nos sucede a los ciudadanos día a día?

Es cierto que ese 90% de los delitos son de competencia de los gobiernos locales, mismos que deberán enfrentar los problemas de construcción institucional con menos recursos debido a los recortes de este gobierno.

¿Cuál era la estrategia que se podría implementar para que fuese económicamente más conveniente y con un resultado posiblemente más efectivo? Mantener al Ejército y Marina en apoyo a la reacción algunos años más, con un plan progresivo de salida, mientras el gobierno federal se abocaba al crecimiento y saneamiento de las deficiencias de PF. Al tiempo que el presidente y su gobierno invertirían el gran capital político con el que cuentan para promover que estados y municipios conformasen las instituciones de seguridad y justicia que el país necesita.

El gran fracaso de los últimos dos sexenios está precisamente en la incapacidad que tuvieron los operadores federales de lograr que los gobiernos locales cumpliesen con su tarea de construir la seguridad cercana al ciudadano. Un aspecto que, en las actuales condiciones políticas, pudo haber sido el gran éxito de López Obrador.

Claro que todos queremos que haya menos delitos, que vivamos más tranquilos, pero el verdadero reto es que contemos con instituciones capaces de enfrentar posibles crisis de seguridad, es decir, bajar los delitos no es suficiente.

Tomemos como ejemplo lo sucedido, aunque no guste reconocerlo, los datos duros muestran que el gobierno de Calderón cumplió su compromiso de entregar el país con los delitos a la baja y el sexenio sucesivo no logró sostenerlo, basta recordar que Peña entregó el país con casi todos los delitos al alza.

Sin embargo, lo que ni Calderón ni Peña lograron, fue que el conjunto de autoridades locales cumpliera con su obligación de usar bien los recursos federales para contratar, capacitar, supervisar, profesionalizar policías y procuradurías.

Con ello no quiero descalificar a todas las policías, procuradurías y fiscalías del país en las que muchos servidores públicos trabajan íntegramente a pesar de las dificultades, pero la realidad es que en lo local hay carencias enormes que permiten que casi el 99% de los delitos queden impunes, y por ello sean un aliciente para que estos sigan creciendo.

Celebro el logro de la oposición en el Senado, del colectivo Seguridad Sin Guerra y de muchos ciudadanos que rescatamos lo rescatable, una institución aparentemente civil.

Pese a ello, sigo personalmente insatisfecho, me molesta el modo injusto en el que se liquida un gran ejercicio de construcción institucional como es la PF, y me encuentro preocupado porque, según datos oficiales, no hay forma de que en 4 años tengamos una institución federal nueva, conformada por 150,000 elementos, así como lo prometió Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Creo que todo está puesto para que las cosas puedan empeorar, particularmente cuando vemos que muchos gobernadores parecen haber soltado el problema de seguridad en espera de que la Guardia Nacional venga a resolverlo.

Fieles a nuestra tradición, en vez de trabajar para mejorar lo que ya tenemos, buscamos soluciones mágicas al tiempo que seguimos premiando la irresponsabilidad de quien no ha cumplido y que hoy tiene aún menos incentivos para cumplir.