Policía de León, suma de abusos

León

En su hogar, en Estados Unidos, Ismael Maldonado recibió un aviso: tenía que regresar a León, Guanajuato, para sepultar a su hijo Alejandro Maldonado Medina, de 44 años, quien murió en los separos de la policía municipal por una golpiza que le asestaron cuatro agentes que lo habían detenido por tomar bebidas alcohólicas en la calle.

La detención ocurrió el 8 de septiembre. “Los policías lo golpearon estando esposado hasta ver que no se podía sostener en pie; dicen que llegó vivo a los separos, que estaba en un quejido”, describe su tía paterna y vecina del barrio de San Miguel, Cecilia Maldonado.

Por la muerte de Alejandro, cuatro policías fueron llevados a juicio penal acusados del delito de homicidio; el juez decretó en su contra la prisión preventiva oficiosa, pero podrían alcanzar una sentencia de hasta 35 años.

Doña Cecilia recordó la pena de hermano Ismael cuando llegó a despedir a su hijo en el panteón de San Nicolás. “Temía que su hijo pudiera morir por su vicio al alcohol, pero no con tanta crueldad”, dice la mujer de unos 70 años.

Dos policías en bicicleta detuvieron a Alejandro junto con tres amigos, frente a la casa de su tía, por emborracharse en la vía pública. Con ayuda de dos agentes más, lo subieron a una patrulla, lo esposaron de una mano a una asidera de la camioneta y colocaron sus bicicletas en la unidad. Más adelante lo agentes se bajaron de la unidad para almorzar.

“Mientras Alejandro le quitó una pieza a su bicicleta, los policías se enojaron y le dijeron: ‘Te vamos a llevar al terreno’. Se lo llevaron y lo golpearon sin piedad frente a los otros detenidos; cuando lo vieron mal lo entregaron a los separos”, recuerda doña Cecilia, en su negocio de venta de tortillas de comal.

El hombre falleció cuatro horas después de ingresar a la Central De Policía Poniente (Cepol), a causa de un “sangrado interno por traumatismo en el abdomen”. El dictamen de la necropsia describió que presentaba 36 lesiones en la espalda y abdomen.

Cadena de abusos

La policía municipal de León está relacionada con otros actos de abuso; en 2016, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) encontró en sus investigaciones pruebas para procesar a 12 policías: seis de ellos por homicidio calificado, cuatro por abuso sexual y violación y dos más por extorsión.

El periodo más crítico de abuso policial se documentó entre julio y septiembre pasados, cuando seis agentes estuvieron implicados en la muerte de tres personas.

El 17 de septiembre, cuatro policías fueron vinculados a proceso penal por la muerte de Alejandro Maldonado.

El Ministerio Público reportó que el 11 de septiembre el policía municipal Víctor Manuel Santos perdió dos dedos “al ser agredido” con un petardo por Juan Daniel Ochoa, de 19 años, quien murió tres días después del incidente por un derrame cerebral a causa del estallido. Los padres del joven denunciaron que el oficial detonó el explosivo en la cabeza de su hijo en presencia de la novia y la cuñada del joven, en la colonia Los Castillos.

La madrugada del 29 de julio pasado, César Eduardo, de 17 años, falleció por lesiones de arma de fuego que, de acuerdo con sus familiares, le ocasionó un policía por bajarse de su patrulla cuando lo tenía arrestado.

La fiscalía integra una carpeta de investigación por el hecho, aunque, el policía acusado desertó y se desconoce su paradero. Asimismo, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) abrió el expediente de queja 204/2016 por el reclamo de los padres en contra del uniformado que disparó y de otros agentes que estuvieron presentes y que no hicieron nada para detener al responsable.

En febrero pasado, otros cuatro agentes participaron en la violación y abuso sexual de tres adolescentes en dos hechos distintos. Dos elementos más fueron acusados de extorsión.

Las acciones desplegadas por elementos de Seguridad Pública (SSP) de León provocaron que la PDHEG iniciara 59 expedientes de queja de enero a agosto de este año por detenciones arbitrarias (14), ejercicio indebido de la función pública (7) y lesiones (22).

Violencia sexual

En agosto pasado, la PDHEG emitió 18 recomendaciones al presidente municipal de León, Héctor López Santillana, por tener acreditada la responsabilidad de cuatro policías en dos casos de abuso sexual.

Los policías Pablo Torres García y Eulises Santiago Martínez detuvieron a dos niñas de 12 y 14 años el 21 febrero pasado en la colonia Brisas del Carmen. En la patrulla obligaron a una de las menores a realizarle sexo oral a un agente, mientras el otro observaba. Ambos policías están sujetos a proceso por el delito de violación y recluidos en el Cereso de León. Podrían alcanzar una pena de hasta 17 años de prisión.

En el mismo mes los policías José Ventura Valtierra e Ismael Méndez Noriega fueron acusados de violar a una adolescente de 16 años; los dos se encuentran prófugos de la justicia.

En otro hecho, el 28 de febrero, dos policías fueron detenidos por exigir mil 200 pesos a una mujer a cambio de la libertad de su hijo de 15 años, en la colonia Cañón de la India, al que acusaban de tener una pistola.

El caso más reciente, denunciado en octubre, relaciona a 11 policías con el allanamiento a una casa y la golpiza a dos hermanos en la colonia Las Mandarinas; a uno de ellos lo sacaron de la casa de su madre. El motivo: circular en una moto sin placas y reclamar a los agentes la violencia ejercida en el acto.

Cesan a mando

En un contexto de descrédito de la corporación y el aumento en los indicadores delictivos, el 16 de noviembre pasado, el presidente municipal cesó al director de la policía, el ex militar Oswaldo Jiménez Arcadia, y nombró en el cargo a José Carlos Ramos Ramos, ex comisario en jefe de las fuerzas de la SSP del estado y ex agente de la policía ministerial.

El alcalde afirmó que el nuevo jefe policial cuenta con más de 25 años de trayectoria en las tareas de seguridad, además conoce perfectamente la ciudad y la corporación.

Ramos recibió la dependencia conformada por mil 500 elementos que operan en tres turnos para la seguridad de León, ciudad en la que viven un millón 578 mil626 habitantes, de acuerdo con el censo 2015 del Inegi.

León se encuentra entre las 50 ciudades más violentas del país registradas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

No obstante, Guanajuato se ubica entre los estados con menor porcentaje de policías no aprobados y que siguen en activo: Campeche 0.27%, Puebla 0.36%, Guanajuato 0.64%, Aguascalientes 1.15% y Coahuila 1.33%.